El Senado aprobó la medida de financiamiento en una sesión nocturna del lunes 10 de noviembre de 2025, poniendo fin al cierre que inició el 1 de octubre por desacuerdos presupuestarios. Este impasse, el más prolongado en la historia moderna de Estados Unidos, superó los 35 días del cierre de 2018-2019 y afectó a millones con interrupciones en servicios esenciales.
La votación requirió el apoyo de ocho senadores demócratas, quienes rompieron filas partidistas para alcanzar el umbral de 60 votos necesario en la cámara alta. Estos legisladores, varios de ellos exgobernadores y miembros retirándose, priorizaron la reapertura inmediata del gobierno sobre demandas específicas como la extensión de subsidios mejorados de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA, por sus siglas en inglés).
Entre los demócratas que votaron a favor figuran la senadora Jeanne Shaheen de New Hampshire, quien lideró las negociaciones del compromiso y enfatizó: “Esta fue la única oferta sobre la mesa, nuestra mejor chance para reabrir el gobierno y empezar pláticas serias sobre extender los créditos fiscales de la ACA que ayudan a decenas de millones a bajar costos”. Shaheen, junto con su colega Maggie Hassan, también de New Hampshire, resaltó el impacto en su estado, donde las interrupciones en la asistencia alimentaria federal pegaron duro a familias de clase trabajadora.
El senador Dick Durbin de Illinois, un veterano que se retira este año, justificó su voto señalando el daño acumulado: “Este proyecto no es perfecto, pero da pasos clave para mitigar el dolor del cierre, como fondear completamente el SNAP para el año y revertir las despidos masivos ordenados por la administración Trump”. Durbin, como whip demócrata, representó un quiebre significativo en la disciplina partidista, reflejando la fatiga entre legisladores ante el estancamiento.
Otros en la lista incluyen al senador Tim Kaine de Virginia, quien describió el acuerdo como un “moratorio al desmadre” para frenar despidos no estratégicos de empleados federales, y al independiente Angus King de Maine, que caucusa con demócratas y rechazó usar el cierre como táctica de negociación. Kaine, exgobernador, y King coincidieron en que prolongar el caos no avanzaría metas como proteger los subsidios de salud.
La senadora Jacky Rosen y Catherine Cortez Masto, ambas de Nevada, votaron pensando en sus votantes: Rosen criticó cómo el cierre paralizó el turismo al cancelar miles de vuelos por falta de controladores aéreos, mientras Cortez Masto relató “historias horrendas” de bancos de alimentos colapsados. Finalmente, el senador John Fetterman de Pensilvania se disculpó con afectados como militares y receptores de SNAP: “Lo siento a nuestra tropa, beneficiarios de cupones y policías del Capitolio sin sueldo por semanas; esto nunca debió pasar”.
El cierre surgió de un choque por el presupuesto federal: demócratas exigían extender créditos fiscales de la ACA que expiran pronto, revertir cortes a Medicaid impulsados por Trump desde enero y rechazar recortes a agencias de salud. Republicanos, con mayorías en ambas cámaras pero sin los 60 votos en Senado, bloquearon concesiones, llevando al impasse el 1 de octubre cuando expiró el presupuesto temporal.
Los impactos fueron duros y se sintieron en el día a día: unos 1.4 millones de empleados federales trabajaron sin pago o entraron en licencia no remunerada, mientras servicios como Seguridad Social y Medicare siguieron, pero parques nacionales cerraron, vuelos se cancelaron y beneficios SNAP se detuvieron, afectando a 42 millones de estadounidenses. Económicamente, el encierro costó unos 800 millones de dólares diarios en contratos y permisos demorados, con proyecciones de una merma del 0.1-0.2% en el PIB semanal.
El paquete aprobado restaura fondos hasta finales de enero de 2026, incluye pago retroactivo para trabajadores federales y previene despidos masivos, aunque deja pendiente la extensión de subsidios ACA para una votación en diciembre. No resuelve disputas de fondo, como los intentos de la Casa Blanca de reducir el tamaño del gobierno mediante recortes permanentes, bloqueados parcialmente por jueces.
Ahora, el balón está en la cancha de la Cámara de Representantes, donde el speaker republicano Mike Johnson regresa de receso distrital con su bancada fracturada. Johnson necesitará ayuda de demócratas para aprobarlo, posiblemente el miércoles, y cuenta con el guiño de Trump, quien en entrevista con CNN dijo: “Yo diría que sí, apruebo el acuerdo; vamos a reabrir nuestro país muy rápido”.
Trump, quien apoyó el cierre como presión negociadora, amenazó con vetos si no se alineaba con su agenda de recortes, pero el compromiso actual parece encajar sin cambios mayores. Una vez firmado, reactivaría asistencia alimentaria federal y salarios para cientos de miles de empleados, aliviando el nudo en el estómago de familias en todo el país.
Este episodio marca el tercer cierre bajo administraciones Trump, recordando el de 2018 por el muro fronterizo y uno menor en 2013 por el techo de deuda. Históricamente, estos paros resuelven con compromisos bipartidistas, pero dejan cicatrices en la confianza pública y la economía, con encuestas mostrando un 60% de desaprobación al manejo republicano del presupuesto.
Mientras Washington exhala, expertos advierten que sin reformas al proceso presupuestario, como presupuestos vinculantes automáticos, estos dramas podrían repetirse en 2026, cuando expire el nuevo financiamiento.
