Por Juan Pablo Ojeda
El Gobierno de México anunció un incremento histórico a los aranceles de importación del azúcar, con tasas que van del 156% al 210.44% ad-valorem, como parte de una estrategia para proteger a la agroindustria nacional ante la caída de los precios internacionales y el exceso de oferta en el mercado interno.
El decreto fue publicado este lunes en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF) y modifica la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación. A partir de este martes, las nuevas tasas se aplicarán al azúcar procedente de países miembros de la Organización Mundial de Comercio (OMC), excepto aquellos con los que México mantiene acuerdos comerciales preferenciales.
Según el documento, el arancel vigente “no ofrece la protección suficiente a la agroindustria nacional” ante las presiones del mercado global, por lo que el Gobierno federal considera necesario establecer mecanismos que garanticen la estabilidad del sector cañero y eliminen distorsiones en el comercio.
El decreto establece que el azúcar líquida refinada e invertida pagará un arancel de 210.44%, mientras que productos derivados como la remolacha azucarera o jarabes con aromatizantes o colorantes, con un contenido de azúcar superior al 90%, enfrentarán un gravamen del 156%.
La medida se da en un contexto donde la agroindustria azucarera mexicana enfrenta un exceso de producción que amenaza la rentabilidad de los ingenios y de los productores de caña, especialmente en estados como Veracruz, Jalisco y San Luis Potosí.
Este ajuste se suma al reciente acuerdo entre el Gobierno federal y la industria de bebidas azucaradas, alcanzado en octubre, que contempla una reducción del 30% del contenido de azúcar en refrescos y restricciones a la publicidad dirigida a menores, a cambio de mantener sin cambios el IEPS en 3.08 pesos por litro para bebidas con azúcar y 1.50 pesos para las versiones sin calorías.
México es uno de los mayores consumidores de refrescos del mundo, con un promedio de 166 litros por persona al año, y enfrenta una de las tasas más altas de obesidad y diabetes tipo 2, enfermedades estrechamente relacionadas con el consumo de azúcar.
Con este decreto, el Gobierno busca equilibrar la balanza comercial, proteger a los productores nacionales y, al mismo tiempo, avanzar en políticas de salud pública orientadas a reducir el consumo de azúcar en el país.
