Por Bruno Cortés
El diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, de Morena, se mostró tranquilo y hasta optimista con la decisión de posponer la discusión de su iniciativa de reforma constitucional sobre la revocación de mandato. Para él, esta pausa no es un tropiezo, sino una “implicación positiva”, porque permitirá abrir el debate y escuchar más voces: desde académicos hasta organizaciones con experiencia en temas de democracia directa. En palabras simples, la idea es que antes de meterle mano a la Constitución, todos —políticos, especialistas y ciudadanía— tengan oportunidad de opinar sobre cómo mejorar este ejercicio.
Ramírez Cuéllar insistió en que su propuesta busca que la revocación de mandato se realice el primer domingo de junio de 2027, el mismo día de las elecciones intermedias. ¿Por qué? Porque eso permitiría instalar las mismas casillas que se usan en una elección federal —más de 190 mil en todo el país— y así garantizar una participación mucho más alta. Explicó que, cuando la gente encuentra una casilla cerca de su casa y coincide con una jornada electoral normal, más personas salen a votar, lo cual fortalece la legitimidad del proceso.
Pero no solo se trata de participación. Ramírez Cuéllar también puso el ojo en los números. Según sus cálculos, si la consulta de revocación se realiza el mismo día que las elecciones, el país se ahorraría casi 5 mil millones de pesos. Y en un contexto de finanzas públicas ajustadas —con gasto limitado y presiones presupuestales por programas sociales y obras estratégicas— ese ahorro es relevante. “En una situación económica difícil, cualquier peso que se economice cuenta”, dijo.
El legislador explicó que en el ejercicio del sexenio anterior el Instituto Nacional Electoral (INE) solo instaló entre 30 y 40 mil casillas y gastó unos 500 millones de pesos, muy por debajo de los recursos que originalmente había solicitado. Eso, según él, redujo la participación ciudadana a apenas un 17%, porque muchas personas no encontraron una casilla cerca de su domicilio. Su propuesta apunta a lo contrario: aprovechar la estructura completa del INE para alcanzar hasta un 70% de participación, lo que convertiría la revocación en un verdadero ejercicio nacional de evaluación democrática.
Ramírez Cuéllar confía en que habrá consenso entre los partidos para sacar adelante la reforma al artículo 35 constitucional, que regula los mecanismos de participación ciudadana. Asegura que no se trata de favorecer a nadie ni de crear ventajas políticas, sino de reforzar el derecho ciudadano a decidir si un gobernante debe continuar en el cargo o no. “Lo único que trae esta reforma es ratificar ese derecho y definir la fecha más adecuada”, subrayó.
La Comisión de Puntos Constitucionales será la encargada de establecer el calendario de trabajo y las consultas necesarias para definir el dictamen final. Ramírez Cuéllar adelantó que, una vez fijadas las fechas, se convocará a expertos, académicos y organizaciones civiles para escuchar sus opiniones. Su deseo es que el tema avance en este mismo periodo legislativo, con el apoyo de todas las bancadas.
En el fondo, el planteamiento de Ramírez Cuéllar busca darle mayor peso y sentido práctico a la revocación de mandato, un instrumento que, si se usa correctamente, puede convertirse en una herramienta real de control ciudadano sobre el poder político. Al mismo tiempo, propone hacerlo sin derrochar recursos públicos, aprovechando la infraestructura existente y evitando que cada consulta sea una carga económica extra para el país.
Así, mientras en el Congreso se discuten los detalles técnicos, el diputado morenista insiste en que esta pausa es una oportunidad: más análisis, más diálogo, más participación y, sobre todo, una reforma que se entienda y se respalde desde todos los frentes.
