Por Juan Pablo Ojeda
Un grupo de jueces y magistrados federales cesados alzó la voz tras salir inconformes de una reunión con el Órgano de Administración Judicial (OAJ), a la que acudieron con la esperanza de obtener claridad sobre el proceso de pago de sus indemnizaciones. La reunión, prevista para analizar los criterios de cálculo y entrega de los montos contemplados en las reformas constitucionales de 2024, terminó —según ellos— sin respuestas y con más dudas que certezas.
De acuerdo con un comunicado difundido por las personas juzgadoras afectadas, el encuentro del 14 de noviembre había sido pactado para que un comité representante revisara junto al OAJ los términos del Décimo Transitorio de la reforma constitucional del 15 de septiembre de 2024 y del Vigésimo Transitorio de la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, acusan que la reunión fue “infructuosa”.
Los jueces señalan que, en vez de funcionarios con capacidad de decisión, fueron atendidos únicamente por personal operativo del área de Recursos Humanos, quienes llegaron —afirman— con instrucciones claras: no proporcionar información precisa. Las respuestas se limitaron a frases como “el tema se está analizando”, sin detalles sobre cálculos, montos ni procedimientos.
La molestia creció al considerar que la Secretaría de Hacienda ya liberó 6 mil 500 millones de pesos para cubrir estas indemnizaciones. Para las personas afectadas, la falta de información sobre el uso y distribución de ese dinero representa una alerta seria. Insisten en que se transparenten los criterios para definir el universo de beneficiarios, la metodología para integrar el salario base de cotización y la forma en que se aplicará el pago constitucional de tres meses más veinte días por año de servicio.
Según el calendario oficial, los pagos están programados para el 10 de diciembre de 2025, pero hasta ahora —aseguran— no existe claridad sobre los mecanismos para garantizar que los recursos lleguen de manera correcta y completa.
El bloque de juzgadores advierte que estas omisiones generan un “riesgo real” de manejo inadecuado de los recursos y exigió al OAJ establecer un proceso transparente, verificable y con interlocutores capaces de ofrecer respuestas formales.
