Por Bruno Cortés
La Cámara de Diputados arrancó el día con una doble misión: revisar el funcionamiento de la secretaría que concentra la mayor cantidad de dinero público en todo el país y, al mismo tiempo, abrir las puertas a 75 embajadoras y embajadores que hoy acudirán al recinto legislativo en una recepción inédita. Desde temprano, la presidenta de la Mesa Directiva recordó que la Secretaría del Bienestar será la protagonista del día, pues de entrada hablamos de una dependencia que manejará 674 mil millones de pesos en 2026. Para dimensionarlo sin tecnicismos: es más dinero que el que recibe Educación, Energía y hasta Pemex y la CFE juntas. Es, literalmente, la cartera que sostiene los programas sociales que llegan a millones de familias.
Explicar el tamaño del presupuesto ayuda a entender por qué esta comparecencia es crucial. Cuando un gobierno destina casi el 10% de todo el gasto público a una sola secretaría, las dudas, las exigencias y la rendición de cuentas se vuelven obligatorias. La gente quiere saber si ese dinero realmente está sacando a las personas de la pobreza y si los apoyos llegan a tiempo, a quienes deben llegar y sin trampas. La presidenta lo dijo sin rodeos: México tiene 50 millones de personas en situación de pobreza o pobreza extrema y la expectativa es que la inversión social ayude a cerrar esas brechas.
Pero la comparecencia no solo gira en torno al dinero, sino a la política. La secretaria Ariadna Montiel llega entre especulaciones de que podría buscar la gubernatura de Chihuahua, algo que la oposición no deja pasar. Sin embargo, desde la presidencia de la Cámara se insistió en que lo que importa hoy es evaluar resultados y exigir claridad en cómo se ha usado el presupuesto. Y sí, se prevé una sesión tensa: polarizada, pero necesaria para que el país sepa cómo se está manejando la cartera social más grande de la historia.
La otra mitad del día está marcada por una agenda internacional. La Cámara recibirá al mayor número de embajadoras y embajadores que se haya reunido ahí en tiempos recientes. Para la presidenta, esta apertura diplomática tiene una lógica simple: México no puede aislarse y su Congreso tampoco. Abrir diálogo con el cuerpo diplomático ayuda a que los países entiendan lo que se discute en el Legislativo, desde política social hasta seguridad, energía o comercio exterior.
Al margen de los reflectores institucionales, también hay tensiones sociales fuera del recinto. La presidenta fue cuestionada sobre la marcha convocada para el 20 de noviembre por jóvenes de la llamada Generación Z. Su postura fue clara: no criminalizar a nadie. Para ella, el Estado está obligado a respetar el derecho a manifestarse y a garantizar que las marchas se desarrollen en paz, como ha ocurrido en distintos sexenios y con gobiernos de todos los partidos. Aseguró que intentar descalificar la protesta juvenil es un error político y ético, porque no se trata de un grupo aislado sino de 33 millones de jóvenes con preocupaciones legítimas: inseguridad, educación, empleo y oportunidades reales.
También respondió a señalamientos de que la marcha estaría vinculada al PAN, luego de que circulara un contrato de un joven líder digital supuestamente vinculado a ese partido. La presidenta evitó entrar en pleitos partidistas y puso el foco en lo que considera importante: escuchar a la juventud y trabajar para que vivan con seguridad y prosperidad. Subrayó que quienes minimicen sus demandas están ignorando a una cuarta parte de la población del país.
Finalmente, se refirió a las audiencias sobre la nueva Ley General de Aguas, una iniciativa que ha generado inquietud entre campesinos y empresarios por la posible afectación a concesiones ya existentes. La presidenta celebró que haya audiencias públicas y especialistas opinando, porque el derecho al agua –que es un derecho humano– debe discutirse sin prisas y sin polarización. Dijo que el reto es escuchar, razonar y llevar el tema al Pleno cuando haya condiciones reales para un debate amplio.
Entre la revisión del presupuesto social más alto del país, la apertura diplomática histórica y la presión social creciente de una generación que exige seguridad, el Congreso vive un día que resume bien el momento político del país: grandes expectativas, grandes tensiones y la responsabilidad de dar resultados.
