Por Juan Pablo Ojeda
El futuro legal de Javier Duarte vuelve a colocarse en el centro del debate público. La defensa del exgobernador de Veracruz asegura que no existe obstáculo jurídico para que obtenga la libertad anticipada, al considerar que cumple con todos los requisitos que marca la ley. Duarte, condenado en 2018 a nueve años de prisión por lavado de dinero y asociación delictuosa, comparece hoy ante el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, donde una jueza decidirá si puede abandonar la cárcel cinco meses antes de concluir su sentencia.
Antes de ingresar a la audiencia, el abogado Pablo Campuzano afirmó que la solicitud se sustenta en documentos y pruebas que acreditan buena conducta y el cumplimiento de más del 70% de la pena. “No vemos posibilidad de que se impida su salida”, dijo, al insistir en que Duarte ya cumple las condiciones para acceder al beneficio.
La audiencia será presidida por la magistrada Ángela Zamorano y se extenderá varias horas debido al número de testigos convocados. Pese a ello, la Fiscalía General de la República mantiene su oposición, al argumentar que la liberación podría entorpecer procesos pendientes vinculados al exmandatario.
Campuzano minimizó estos señalamientos y aseguró que, si la jueza concede la libertad anticipada, Duarte podría abandonar el Reclusorio Norte “en cuestión de horas”, una vez concluidos los trámites administrativos. También señaló que la solicitud no se presentó antes por “cuestiones políticas”.
Duarte, expulsado del PRI tras revelarse una red de corrupción que operaba con empresas fantasma y prestanombres, fue detenido en Guatemala en 2017 y extraditado ese mismo año. En 2018 se declaró culpable y fue sentenciado a nueve años de prisión y al pago de una multa superior a 58 mil pesos.
Hoy, su posible salida anticipada reaviva el debate sobre el uso de beneficios penitenciarios en casos de corrupción y el mensaje que envía el sistema de justicia mientras el país exige mayor firmeza frente a la impunidad.
