Por Juan Pablo Ojeda
La presidenta Claudia Sheinbaum salió al paso de las acusaciones hechas por algunos convocantes de las marchas de la llamada “Generación Z”, quienes denunciaron presunta persecución política tras organizar movilizaciones rumbo a Palacio Nacional para protestar por la inseguridad y el aumento de la violencia en el país.
Durante su conferencia de este martes, la mandataria federal desestimó cualquier operación de intimidación desde su gobierno y aseguró que “México nunca va a perseguir a nadie”. Incluso mencionó que una persona que aseguró sentirse acosada por las autoridades ya recibió un análisis de riesgo, pues —dijo— su administración garantiza protección, no hostigamiento.
Sheinbaum también bajó el tono a la más reciente convocatoria juvenil del 20 de noviembre, que tuvo una asistencia mucho menor a la esperada. Según la presidenta, la ciudadanía “ya se informó” sobre los objetivos reales detrás de estas protestas y por ello no tuvo eco como la del 15 de noviembre, que calificó como un episodio que debe investigarse a fondo por su posible trasfondo político.
Aseguró que su gobierno está centrado en entregar resultados y que no se distraerá con lo que considera intentos de crear un clima artificial de confrontación. No obstante, insistió en que las instituciones, incluidos congresos locales, deben seguir de cerca a quienes convocan y financian este tipo de movilizaciones.
El caso Edson Andrade vuelve a encender el debate
El tema volvió a tomar fuerza tras la revelación de la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, sobre un contrato que vincularía a Edson Saúl Andrade Lemus —uno de los jóvenes más visibles del movimiento del 15 de noviembre— con el PAN de la Ciudad de México.
Según el documento exhibido, Andrade habría firmado un acuerdo por 2.1 millones de pesos para brindar servicios de estrategia digital al blanquiazul capitalino durante un año, recibiendo pagos mensuales superiores a los 175 mil pesos. La filtración incluyó datos personales, como su RFC y clave de elector, lo que tensó aún más la discusión pública.
Para Morena, este contrato demostraría que la movilización juvenil no es tan “ciudadana” como se ha intentado presentar. Andrade lo niega: asegura que no pertenece a ningún partido y que su participación en las marchas responde solo al hartazgo de su generación frente a la violencia y la falta de oportunidades.
Mientras tanto, el gobierno federal insiste en que no hay persecución política y que las acusaciones tienen un propósito claro: desgastar a la administración en un contexto de alta sensibilidad social.
