Por Bruno Cortés
En la Cámara de Diputados se abrió un espacio para hablar de un tema duro, incómodo y urgente: el abuso sexual infantil dentro de las escuelas. El diputado Felipe Miguel Delgado Carrillo, del PVEM, fue claro al advertir que estos casos no pueden quedarse únicamente en manos de directores, prefectos o juntas escolares. Si hay una sospecha, aunque sea mínima, debe llegar de inmediato al Ministerio Público. Nada de trámites eternos, nada de pedir permiso, nada de esperar a que la burocracia decida moverse. La prioridad, dijo, es que ningún caso se pierda en el silencio.
Durante el foro “Mi escuela me cuida”, el legislador explicó que presentó una iniciativa respaldada por la Fundación Internacional Granito de Arena para modificar la Ley General de Educación. La propuesta obliga a maestras, maestros, directoras y directores a denunciar sin demora cualquier indicio de abuso sexual infantil. La idea es evitar que los procedimientos internos de las escuelas —que muchas veces funcionan más como candados que como ayuda— retrasen o inhiban una acción penal. En pocas palabras: si hay un posible delito, se abre carpeta y se investiga, sin pedir permiso a nadie.
Delgado Carrillo insistió en que esta iniciativa busca convertir a las escuelas en auténticos espacios seguros, donde niñas y niños puedan aprender y desarrollarse sin miedo. Para él, la protección no es un discurso: es una responsabilidad compartida entre docentes, autoridades, familias y estudiantes. Y también pidió que todo el conocimiento generado en el foro se socialice, que llegue a los hogares, a los grupos de padres y a las comunidades escolares, porque la prevención empieza por saber qué está pasando y cómo actuar.
La voz más contundente del evento fue la de Elena del Rosario Torres Villanueva, fundadora de Granito de Arena. Ella no suavizó las cifras: solo el 2% de los casos de abuso sexual infantil se denuncian. La enorme mayoría queda atrapada en el miedo, la vergüenza o la desconfianza en las instituciones. Y las estadísticas internacionales son devastadoras. La OCDE señala que México ocupa el primer lugar mundial en violencia sexual contra menores de 14 años y en producción de material visual con contenido sexual infantil. Unicef, por su parte, estima que 750 mil pedófilos contactan a menores a través de internet en distintos países, incluido el nuestro.
Torres Villanueva explicó que la brecha institucional en México sigue siendo enorme. Faltan personas capacitadas, procesos especializados y estructuras que atiendan estos casos con la sensibilidad y urgencia que requieren. Por eso, recalcó que docentes y personal escolar deben ser los primeros respondientes: quienes observan golpes, conductas extrañas, ausencias repetidas, señales de violencia o comportamientos sexualizados. Y cuando se detecta algo grave, el camino no debe ser una cadena interminable de reportes internos, sino una denuncia directa ante la fiscalía.
El objetivo —añadió— es garantizar justicia, proteger a las infancias, capacitar a quienes están frente a grupo y asegurar que no haya represalias para quienes denuncian. Agradeció al diputado Delgado por asumir la iniciativa y expresó confianza en que este modelo pueda aplicarse en todo el país para blindar a niñas y niños.
Claudia Adriana Montelongo Medellín, embajadora de la Fundación Granito de Arena, cerró con un llamado claro: seguir abriendo espacios para hablar del tema sin tabúes y sin miedo, porque lo que viven muchas infancias en México no puede seguirse escondiendo debajo del tapete.
Este foro dejó claro que la protección infantil no puede ser un trámite ni un discurso bonito. Debe convertirse en una política pública firme, directa y capaz de romper el silencio donde más hace daño.
