El homicidio del alcalde de Temoac, Valentín Lavín Romero, perpetrado este 22 de julio en las oficinas de la presidencia municipal, desencadenó una confrontación de posturas entre el Gobierno Federal, la Fiscalía General del Estado de Morelos y organizaciones de la sociedad civil. La muerte del edil del Partido Verde Ecologista ocurrió mientras las autoridades federales mantenían abiertas indagatorias sobre su entorno personal y administrativo.
Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum en Cuernavaca, el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, declaró abiertamente: «El presidente municipal de Temoac se encontraba bajo investigación por posibles vínculos con células delictivas conocidas como Los Aparicio y Los Huazulco». El funcionario confirmó que las pesquisas incluían detenciones previas de familiares directos del edil.
Por su parte, la Fiscalía estatal informó mediante comunicado que «agotará todas las líneas de investigación en torno a los hechos delictivos suscitados este miércoles en el Palacio Municipal». La dependencia regional desplegó a peritos e investigadores de la Agencia de Investigación Criminal para recabar testimonios y procesar los elementos balísticos hallados en la escena del crimen.
En contraste con la versión oficial, voceros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos señalaron que el munícipe extinto había sido denunciado formalmente por su presunta implicación en el asesinato del activista Samir Flores Soberanes y de otros dos pobladores de la región. La organización civil demandó que el crimen no derive en la impunidad de los expedientes previos.
Testigos presenciales detallaron que dos hombres armados ingresaron a la sede edilicia alrededor de las 10:00 horas, dirigiéndose directamente hacia la oficina presidencial antes de realizar los disparos y huir en motocicleta hacia el municipio vecino de Popotlán. Un trabajador del ayuntamiento declaró bajo anonimato que «no hubo tiempo de reaccionar; los agresores conocían exactamente la ubicación del alcalde».
Integrantes de la dirigencia del Partido Verde Ecologista de México condenaron el ataque y exigieron el esclarecimiento expedito de los hechos, instando a las autoridades a no prejuzgar la gestión del alcalde sin el debido proceso legal. La Mesa de Construcción de Paz local asumió de inmediato la coordinación de los trabajos de vigilancia operativa en la zona oriente de la entidad.
La convergencia de investigaciones federales, acusaciones de activistas locales e informes periciales refleja la intrincada red de intereses que rodea al homicidio del munícipe. Las distintas fuerzas institucionales mantienen operaciones conjuntas en Morelos para identificar tanto a los autores materiales del atentado como a los mandos intelectuales involucrados.