Por Juan Pablo Ojeda
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo salió al paso de las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha insistido en que México está gobernado por los cárteles del narcotráfico y que su país debería intervenir de manera directa para combatirlos. La respuesta desde Palacio Nacional fue contundente: esas afirmaciones son falsas y desconocen cómo funciona el poder en México.
Sheinbaum fue clara al marcar una línea política y simbólica. En México, dijo, no gobiernan grupos criminales ni intereses externos, gobierna el pueblo. Reconoció que existe un problema serio de violencia y crimen organizado, pero rechazó por completo la narrativa de que el Estado mexicano esté sometido o controlado por los cárteles. Para la mandataria, ese tipo de discursos no ayudan a resolver el problema y sí complican la relación entre ambos países.
Las declaraciones de Trump no son nuevas, pero en las últimas semanas subieron de tono. El mandatario estadounidense incluso aseguró que su gobierno podría iniciar ataques terrestres contra organizaciones criminales en territorio mexicano, bajo el argumento de que estas “dirigen” al país y son responsables de una crisis de consumo de drogas, particularmente de fentanilo, en Estados Unidos. Ese planteamiento encendió las alertas diplomáticas.
Desde el gobierno mexicano, la postura ha sido constante: México es un país soberano y no acepta intervenciones militares extranjeras. Sheinbaum ha insistido en que la cooperación en materia de seguridad debe darse con respeto, coordinación y diálogo, pero nunca desde la imposición ni la amenaza. Para su administración, la solución al problema del narcotráfico no pasa por acciones unilaterales ni por el uso de fuerzas extranjeras en territorio nacional.
En este intercambio, Trump incluso reconoció a la presidenta mexicana, pero afirmó que ella “está preocupada” y “tiene miedo” por el poder de los cárteles. Desde México, la lectura es distinta: no se trata de negar la violencia, sino de enfrentarla sin ceder soberanía ni aceptar diagnósticos simplistas que reducen una problemática compleja a una supuesta ausencia de gobierno.
El fondo del choque es político y estratégico. Mientras Trump apuesta por una narrativa de mano dura y acción militar como solución rápida, el gobierno mexicano insiste en una estrategia que combine seguridad, atención a las causas sociales y fortalecimiento institucional. En otras palabras, reconocer el problema sin renunciar al control del propio país.
Para Sheinbaum, permitir que se instale la idea de que México es gobernado por el crimen organizado no solo es falso, sino peligroso. Afecta la imagen internacional del país, justifica presiones externas y debilita la posición del Estado mexicano en cualquier negociación bilateral. Por eso su respuesta no fue solo un mensaje hacia Washington, sino también hacia adentro: la autoridad del gobierno emana de la ciudadanía, no de las armas ni del miedo.
El episodio confirma que la relación México–Estados Unidos seguirá marcada por tensiones en materia de seguridad, pero también que el nuevo gobierno mexicano buscará fijar límites claros. La cooperación continúa, pero la soberanía, al menos desde la narrativa oficial, no está en discusión.
