Por Juan Pablo Ojeda
El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la Organización de las Naciones Unidas, conocido como CEDAW, solicitó al Estado mexicano modificar sus leyes para eliminar la prisión preventiva oficiosa, al concluir que esta medida afecta de forma desproporcionada a las mujeres y vulnera derechos fundamentales.
De acuerdo con información presentada ante el Comité, en 2020 el 51.7% de las mujeres detenidas a nivel federal se encontraban bajo prisión preventiva oficiosa, una cifra mayor al 41.34% registrado entre los hombres. Además, durante los primeros seis meses de ese año el número de mujeres en esa condición aumentó 10.3%, mientras que en los hombres el incremento fue de apenas 1.9%.
El organismo internacional también analizó las condiciones del Centro Federal de Reinserción Social No. 16, el único penal federal exclusivo para mujeres en México. Ahí detectó problemas graves como falta de personal médico especializado y dificultades para recibir visitas familiares, factores que agravan la situación de las internas.
Las condiciones en ese centro penitenciario han generado alertas desde hace varios años. Tan solo en 2023 se registraron 12 suicidios de mujeres privadas de la libertad, lo que llevó a una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
El Comité también revisó testimonios de mujeres afectadas por la aplicación automática de esta medida. Entre ellos está el caso de Patricia Melo Tapia, quien fue enviada a prisión preventiva oficiosa en 2011 y murió en 2020 sin recibir el tratamiento médico que necesitaba. Otra denunciante, Ivonne Hernández Carbajal, relató que sufrió tortura, estuvo ocho años sin recibir visitas familiares y padeció problemas de salud que no fueron atendidos.
En total, 22 mujeres presentaron peticiones ante el Comité argumentando que la prisión preventiva oficiosa y la falta de atención médica adecuada violaron sus derechos establecidos en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.
Tras analizar el caso, CEDAW concluyó que esta figura en México deriva de disposiciones legales y prácticas judiciales que la aplican de manera automática y prolongada, sin valorar las circunstancias individuales de cada persona. Según el organismo, esto rompe con el principio de proporcionalidad y limita el acceso de las mujeres a medidas cautelares alternativas.
El Comité también advirtió que las reformas constitucionales aprobadas en 2024 y 2025 ampliaron la lista de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa y redujeron las posibilidades de revisar la medida ante un juez, lo que, a su juicio, agravó el problema.
Además, señaló que el Estado mexicano no refutó las denuncias sobre atención médica deficiente en centros penitenciarios y consideró discriminatorio que los sistemas de detención no contemplen las necesidades específicas de las mujeres privadas de la libertad.
Por ello, el organismo pidió al gobierno mexicano ofrecer reparaciones integrales a las víctimas, garantizar atención médica y psicológica especializada y modificar la Constitución y las leyes para eliminar esta figura.
También recomendó revisar las medidas cautelares con perspectiva de género y facilitar el traslado de mujeres detenidas a centros penitenciarios cercanos a sus familias.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, conocido como Centro Prodh, consideró que la resolución confirma que la prisión preventiva oficiosa viola derechos humanos no solo por el tiempo que puede prolongarse, sino por su carácter automático y la dificultad para revisarla judicialmente.
La organización recordó que esta figura choca con el principio de presunción de inocencia y puede convertirse en una pena anticipada. Por ello, señaló que el dictamen del Comité y los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos deberían ser tomados en cuenta cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación revise nuevamente la constitucionalidad de esta medida en México.
