Por Juan Pablo Ojeda
Tras el rechazo de la reforma electoral en la Cámara de Diputados, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que su gobierno enviará una nueva propuesta conocida como “Plan B”. La iniciativa busca impulsar cambios en el sistema político-electoral, pero a través de leyes secundarias, lo que permitiría aprobar modificaciones sin necesidad de mayoría calificada en el Congreso.
La propuesta surge después de que el proyecto constitucional no alcanzara los votos necesarios en Palacio Legislativo de San Lázaro. Desde el gobierno federal se ha insistido en que la intención principal es reducir el costo de la política y limitar lo que consideran privilegios dentro de las estructuras institucionales del país.
Uno de los puntos centrales del Plan B es establecer topes al presupuesto de los congresos locales. Según lo expuesto por la presidenta, actualmente existe una gran diferencia en el costo de los legisladores entre estados. Como ejemplo, mencionó que entidades con el mismo número de diputados locales pueden tener gastos muy distintos por legislador. La propuesta plantea fijar límites al gasto legislativo estatal, ya sea tomando como referencia la población o el presupuesto total de cada entidad.
Otro de los cambios que se plantean es reducir el número de regidores en los ayuntamientos. La idea del gobierno federal es que muchos municipios cuentan con cabildos demasiado amplios que elevan el gasto público. Con una reducción en el número de regidores, se busca liberar recursos que puedan utilizarse directamente en servicios locales como pavimentación, alumbrado, drenaje o mantenimiento urbano.
El tercer eje del Plan B propone ampliar el uso de la consulta popular en temas relacionados con el sistema electoral. Actualmente la legislación limita que ciertos asuntos electorales puedan someterse a votación ciudadana. La propuesta del Ejecutivo busca abrir la puerta para que la ciudadanía pueda opinar sobre temas específicos, como el monto del financiamiento público que reciben los partidos políticos.
Dentro de este mismo planteamiento también se contempla revisar el mecanismo de revocación de mandato. Hoy en día este ejercicio solo puede realizarse durante el cuarto año de gobierno. La propuesta plantea flexibilizar los tiempos para que pueda convocarse también en el tercer año de la administración.
De acuerdo con los cálculos presentados por el gobierno federal, los ajustes incluidos en este paquete podrían generar ahorros cercanos a los cuatro mil millones de pesos. La presidenta ha señalado que esos recursos no serían enviados a la federación, sino que permanecerían en estados y municipios para financiar obra pública y atender necesidades locales.
Aunque la reforma constitucional no prosperó en el Congreso, el gobierno federal sostiene que el debate sobre el costo del sistema político continuará. Con el Plan B, la administración de Sheinbaum busca mantener en la agenda pública la discusión sobre la reducción de gastos en la política y la reorganización de algunas estructuras institucionales en el país.
