Por Juan Pablo Ojeda
Desde el inicio del proyecto político conocido como la Cuarta Transformación, el sistema electoral mexicano se convirtió en uno de los temas más polémicos del debate público. Durante su gobierno, el expresidente Andrés Manuel López Obrador impulsó diversas iniciativas para modificar el funcionamiento del árbitro electoral y la estructura del sistema político del país, colocando en el centro de la discusión al Instituto Nacional Electoral.
La relación entre el gobierno federal y el instituto electoral estuvo marcada por constantes cuestionamientos sobre su funcionamiento, su costo y su papel dentro de la democracia mexicana. López Obrador argumentó en diversas ocasiones que el sistema electoral se había vuelto demasiado caro y burocrático, por lo que planteó una reforma de gran alcance para modificarlo.
Uno de los puntos más polémicos de esa propuesta fue sustituir al INE por un nuevo organismo llamado Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, conocido como INEC. La idea era concentrar en una sola institución la organización de elecciones federales y estatales, así como las consultas populares.
El planteamiento también contemplaba desaparecer a los Organismos Públicos Locales Electorales y centralizar todas las funciones electorales en una autoridad nacional. Además, proponía que los consejeros electorales y los magistrados del tribunal electoral fueran elegidos mediante voto popular y no por la Cámara de Diputados, como ocurre actualmente.
La reforma impulsada por el gobierno de López Obrador incluía otros cambios estructurales. Entre ellos se encontraba reducir el número de diputados federales de 500 a 300, disminuir el número de senadores, eliminar los legisladores plurinominales y recortar el financiamiento público a los partidos políticos.
Para el gobierno federal, estos cambios permitirían hacer más eficiente el sistema electoral y reducir el gasto público destinado a los procesos electorales. Sin embargo, partidos de oposición, especialistas y organizaciones civiles advirtieron que algunas de estas medidas podrían afectar la autonomía del árbitro electoral.
La reforma constitucional finalmente no consiguió la mayoría calificada necesaria en el Congreso, por lo que fue rechazada. Tras ese revés legislativo, el gobierno impulsó modificaciones a leyes secundarias que fueron conocidas como el “Plan B electoral”, lo que generó una nueva ola de debates políticos y legales sobre el funcionamiento del sistema electoral mexicano.
Con la llegada al poder de la presidenta Claudia Sheinbaum, el tema volvió a colocarse en la agenda política. Aunque sus planteamientos recientes no incluyen sustituir directamente al INE, la mandataria ha mantenido el argumento de que el sistema electoral necesita ajustes para hacerlo más austero y eficiente.
Durante su conferencia matutina del 12 de marzo, Sheinbaum aseguró que el rechazo de su reforma electoral en la Cámara de Diputados no representa una derrota política para su gobierno. La presidenta sostuvo que el objetivo de la iniciativa era poner sobre la mesa la discusión sobre los privilegios dentro del sistema político y evidenciar quiénes están a favor o en contra de reducirlos.
Así, el debate sobre el papel y el costo del árbitro electoral sigue abierto en México, en un contexto donde las propuestas de reforma continúan generando posiciones encontradas entre el gobierno, la oposición y diversos sectores de la sociedad.
