Por Juan Pablo Ojeda
El secretario de Salud, David Kershenobich, confirmó un caso que encendió las alertas sanitarias en el país: al menos seis personas han muerto y otras más resultaron afectadas tras recibir sueros vitaminados en una clínica de Sonora.
Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, el funcionario explicó que hay 10 personas directamente relacionadas con estos tratamientos, de las cuales dos siguen hospitalizadas. Además, se identificó un caso adicional que, aunque no recibió el suero, sí tuvo una reacción tras una inyección y ya fue dado de alta.
El punto clave del informe está en lo que podrían revelar los estudios médicos. De acuerdo con Kershenobich, hay indicios de una posible contaminación bacteriana en los sueros, ya que los pacientes presentaron niveles elevados de glóbulos blancos y signos de coagulación intravascular, condiciones que suelen estar asociadas con sepsis, una reacción grave del cuerpo ante infecciones.
Pero más allá del caso específico, el tema abre una discusión más amplia de política pública: la regulación de este tipo de prácticas médicas que operan en un área gris. Los llamados “sueros vitaminados” se han popularizado como una solución rápida para el cansancio, la resaca o incluso como supuestos tratamientos de bienestar, pese a que no cuentan con respaldo científico sólido.
El propio secretario fue claro: estos tratamientos no solo carecen de utilidad comprobada, sino que pueden representar un riesgo serio para la salud. Incluso advirtió que en algunos casos estos sueros se promocionan con sustancias como “células madre”, lo cual resulta engañoso y sin sustento médico.
Desde la perspectiva del sistema de salud, este tipo de situaciones evidencian un vacío en la supervisión sanitaria. Es decir, mientras el sector público opera bajo protocolos estrictos, existen servicios privados o informales que ofrecen tratamientos sin regulación adecuada.
El caso de Sonora podría marcar un punto de inflexión. Dependiendo de los resultados finales de laboratorio, las autoridades podrían reforzar controles, sancionar a responsables e incluso replantear la regulación de estos servicios.
Por ahora, el mensaje oficial es directo: evitar este tipo de prácticas. En un contexto donde la salud se ha vuelto también un mercado, el reto para el gobierno es garantizar que lo que se ofrece a la población no solo sea accesible, sino seguro y basado en evidencia.
