Personas con discapacidad en la capital del país enfrentan obstáculos persistentes en movilidad e infraestructura urbana que limitan su acceso a derechos fundamentales como el transporte, la educación y el espacio público. A pesar de avances normativos, reportes recientes y resoluciones judiciales evidencian incumplimientos estructurales en sistemas como el Sistema de Transporte Colectivo Metro y en la planeación urbana.
Diversas organizaciones civiles y usuarios han documentado que solo alrededor del 26% de la red del Metro cuenta con condiciones adecuadas para personas con discapacidad motriz. A ello se suman fallas recurrentes en escaleras eléctricas y elevadores, lo que restringe la movilidad diaria de miles de usuarios. La situación ha sido señalada por el propio Gobierno de la Ciudad de México como un desafío estructural que requiere inversión sostenida.
En el caso de personas con discapacidad visual, las denuncias se centran en la obstrucción de guías podotáctiles por comercio informal dentro de estaciones y espacios públicos. Esta problemática impide desplazamientos seguros y autónomos, contraviniendo estándares de accesibilidad universal. Informes de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México han advertido sobre estas prácticas y su impacto en la seguridad de los usuarios.
La problemática escaló al ámbito judicial cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió en 2026 diversos amparos a favor de personas con discapacidad visual, ordenando al Metro implementar ajustes permanentes para garantizar condiciones de accesibilidad. Estas resoluciones obligan a las autoridades a adoptar medidas correctivas estructurales y no solo acciones temporales.
En el entorno urbano, las barreras también son evidentes. Banquetas invadidas por terrazas irregulares, vehículos o construcciones obligan a personas con discapacidad a descender a la vía vehicular, incrementando riesgos de accidentes. A pesar de que la Ley de Accesibilidad de la Ciudad de México establece criterios obligatorios de diseño universal, su aplicación es desigual y carece de mecanismos de supervisión efectivos.
Espacios públicos como parques, edificios gubernamentales y calles presentan deficiencias en rutas accesibles, señalización y conectividad. Esta situación refleja fallas en la planeación urbana incluyente y limita la participación social y económica de este sector de la población, en una ciudad con alta densidad y demanda de transporte eficiente.
Aunque sistemas como el Metrobús han incorporado mejoras —incluyendo elevadores en algunas estaciones—, especialistas advierten que el desgaste operativo y la falta de mantenimiento comprometen su funcionalidad. Casos como el de usuarios que han promovido litigios estratégicos entre 2024 y 2025, exigiendo instalación de rampas y elevadores en estaciones con largos tramos de escaleras, evidencian la persistencia del problema.
Autoridades capitalinas han reconocido la necesidad de fortalecer políticas públicas en materia de accesibilidad, pero organizaciones sociales insisten en que los avances siguen siendo insuficientes frente a la magnitud del rezago. La falta de infraestructura incluyente no solo vulnera derechos, sino que profundiza desigualdades en el acceso a la ciudad.
