Por Juan Pablo Ojeda
La Secretaría de las Mujeres enfrenta su primera transición de mando tras la renuncia de Citlalli Hernández, quien dejó el cargo para asumir responsabilidades políticas dentro del partido Morena de cara al ciclo electoral de 2027. Este cambio ha generado inquietud en organizaciones civiles, que ven en la salida una posible pausa en la atención de una crisis que registra 10 feminicidios diarios en promedio.
Representantes del Observatorio Ciudadano Nacional contra el Feminicidio (OCNF) y la Red Nacional de Refugios (RNR) han advertido que la estructura institucional, creada bajo la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, carece aún de la solidez necesaria para resistir los vaivenes políticos. La falta de una prioridad efectiva en la agenda de género, argumentan, se traduce en una brecha entre el discurso oficial y la realidad operativa.
La gestión de los recursos destinados a refugios y centros de atención para sobrevivientes de violencia es, según los colectivos, el punto más vulnerable de esta transición. La incertidumbre administrativa tiene efectos directos en la protección de mujeres, niñas y niños, sectores que dependen de la continuidad operativa de estas políticas públicas sin interrupciones.
El tema del aborto se mantiene como una deuda estructural relevante. Pese a la despenalización decretada por la Suprema Corte en 2023, activistas como Aidé García Hernández señalan que los servicios de salud reproductiva aún enfrentan obstáculos significativos. La falta de un reconocimiento público y amplio del aborto como un derecho humano impide un avance real en la equidad.
La posible designación de Ingrid Gómez Saracibar es vista por el sector como una oportunidad para estabilizar la dependencia. La experiencia de Gómez Saracibar en la administración pública de la capital mexicana es valorada como un factor que podría facilitar la interlocución con los colectivos, a menudo fracturada durante los relevos institucionales.
La urgencia por fortalecer la Alerta de Violencia de Género es otro de los pilares que las organizaciones exigen retomar. El mecanismo ha sido descrito como «abandonado» en años recientes, lo que demanda un cambio de estrategia que pase de la aprobación legislativa a la implementación efectiva en cada entidad federativa.
La estabilidad institucional es, en última instancia, el objetivo que las organizaciones persiguen. Ante el avance de grupos que se oponen a los derechos ganados, la Secretaría requiere un liderazgo que no solo garantice la continuidad administrativa, sino que impulse los temas estructurales que aún permanecen fuera de la narrativa gubernamental de alto nivel.
