Por Bruno Cortés
En medio de los ajustes que sigue viviendo el sistema de justicia en México, la diputada Olga Sánchez Cordero puso sobre la mesa una propuesta de fondo: modificar la Constitución para mejorar cómo funciona el Poder Judicial de la Federación y evitar que se contamine de intereses políticos.
La idea nace de algo muy concreto: la experiencia reciente con la elección de jueces y magistrados. Esa práctica, que busca abrir la justicia a la ciudadanía, también dejó lecciones. Y según Sánchez Cordero, el problema no es la elección en sí, sino cómo se define quién puede competir.
Aquí es donde entra el corazón de la iniciativa. Lo que propone es poner filtros más estrictos para quienes aspiren a impartir justicia. En términos sencillos, ya no bastaría con querer el cargo: habría que demostrar experiencia, preparación y conocimiento real del sistema judicial. Por ejemplo, se plantea que los candidatos pasen por una certificación de la escuela judicial y presenten exámenes técnicos que realmente midan su capacidad.
Además, se busca establecer requisitos claros según el puesto. Para jueces y magistrados, se exigirían años de experiencia profesional, incluyendo tiempo dentro del propio Poder Judicial. Y para quienes aspiren a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el nivel de exigencia subiría aún más. La lógica es simple: mientras mayor sea la responsabilidad, mayor debe ser la preparación.
Otro cambio importante tiene que ver con quién evalúa a los candidatos. La propuesta plantea un solo comité integrado por los tres poderes del Estado —Ejecutivo, Legislativo y Judicial—, con la tarea de revisar que se cumplan todos los requisitos. Esto busca evitar procesos dispersos o poco claros y concentrar la evaluación en un mecanismo más estructurado.
También hay ajustes en la forma en que trabaja la Suprema Corte. La iniciativa propone dividir sus funciones en dos grandes bloques: uno enfocado en temas penales y civiles, y otro en asuntos laborales y administrativos. La intención es hacer más ágil la resolución de casos, porque hoy la carga de trabajo es uno de los principales cuellos de botella del sistema.
Un punto clave que podría pasar desapercibido pero es fundamental es el calendario electoral. Sánchez Cordero plantea que la elección de jueces no coincida con otras elecciones, como las de gobernadores o congresos locales. ¿Por qué? Porque mezclar todo en una sola jornada puede generar confusión, saturación operativa y menor atención de la ciudadanía a un proceso que, aunque técnico, es crucial.
Además, se incluye la idea de crear un observatorio ciudadano. Traducido al día a día: una especie de vigilancia permanente para que los juzgadores sepan que su trabajo está siendo observado. No necesariamente para que la gente esté revisando cada caso, sino para generar un incentivo de transparencia.
La propuesta todavía tiene camino por recorrer. Primero será discutida en comisiones, luego en el Congreso y finalmente en los estados, como ocurre con cualquier reforma constitucional. Pero desde ahora abre una conversación relevante: cómo hacer que la justicia en México sea más profesional, más eficiente y menos política.
En el fondo, lo que se está intentando es equilibrar dos cosas que a veces chocan: que la ciudadanía participe más en la elección de sus autoridades judiciales, pero sin sacrificar la calidad técnica de quienes toman decisiones que pueden cambiar vidas.
