Por Juan Pablo Ojeda
La comunicación entre la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, y la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum ha sido puesta a prueba. El fallecimiento de dos oficiales instructores de Estados Unidos en un accidente carretero ha dejado al descubierto grietas en la cadena de mando y en el flujo de información sobre la operatividad de agentes extranjeros en el territorio mexicano.
El pronunciamiento de la gobernadora, emitido apenas un día después de que la Presidenta reportara su falta de localización, marca un intento de contención ante una crisis que podría tener repercusiones legales. Sheinbaum había planteado dudas sobre la legalidad de la actuación de dichos agentes, señalando la posibilidad de que se hubieran violado normas de seguridad nacional al operar sin la debida notificación o supervisión federal.
Maru Campos ha intentado diluir la fricción, enfocándose en la «disposición indeclinable» de su gobierno para trabajar con la federación. El encuentro con Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, se presenta como la respuesta técnica ante la exigencia de explicaciones que emana desde Palacio Nacional.
Sin embargo, las interrogantes persisten. La sociedad civil y diversos analistas políticos cuestionan qué hacían los instructores extranjeros acompañados por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones en una carretera de Chihuahua. La investigación, ahora en manos compartidas, debe responder si existieron permisos formales para este acompañamiento.
El caso es un ejemplo de la complejidad de la política de seguridad actual. Mientras los gobiernos locales a menudo buscan apoyo técnico internacional para combatir la inseguridad, la falta de coordinación con el Gobierno Federal crea una zona gris que puede derivar en conflictos diplomáticos y legales.
La «indisponibilidad» de la gobernadora, mencionada por la Presidenta, fue interpretada por diversos sectores como una falta de alineación en temas críticos. El paso dado hoy por Campos, buscando el canal federal, es una respuesta directa a la presión ejercida por el Poder Ejecutivo federal.
El desenlace de esta investigación no solo aclarará las circunstancias del accidente, sino que sentará las reglas del juego para futuras misiones de instructores extranjeros en el país. El Gobierno de México, bajo la administración de Sheinbaum, ha dejado claro que la soberanía no es negociable, y cualquier operación internacional debe pasar obligatoriamente por el filtro de la seguridad nacional.
