Por Bruno Cortés
En medio de la discusión sobre una nueva reforma electoral impulsada desde el Poder Ejecutivo, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, dejó clara la postura de su partido: el tricolor votará en contra porque considera que los cambios propuestos debilitan al sistema democrático mexicano. La posición no solo viene de la dirigencia, sino también de la bancada priista en el Congreso, que asegura que irá en bloque para frenar la iniciativa.
En conferencia de prensa, acompañado por legisladores y por el coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira Valdez, Moreno explicó que su partido fijó postura desde el inicio del debate y no piensa modificarla. Según el líder priista, la reforma electoral que impulsa el gobierno busca alterar las reglas del juego político en México al debilitar a las instituciones que organizan y vigilan las elecciones.
Para entender el fondo del debate hay que mirar cómo funciona actualmente el sistema electoral mexicano. Hoy existen instituciones autónomas que organizan los comicios y reglas diseñadas para que diferentes partidos puedan competir en condiciones relativamente equilibradas. Uno de esos mecanismos es la representación proporcional, conocida popularmente como los “plurinominales”. Este sistema permite que partidos con menos votos también tengan presencia en el Congreso, lo que ayuda a que las minorías políticas tengan voz en las decisiones legislativas.
Desde la perspectiva del PRI, eliminar o modificar este modelo podría reducir la pluralidad dentro del Congreso. Moreno sostiene que ese equilibrio es clave para evitar que un solo partido concentre todo el poder político. En otras palabras, argumenta que el sistema actual obliga a negociar y construir acuerdos, algo que consideran parte esencial de una democracia funcional.
Otro de los puntos que el dirigente priista puso sobre la mesa es el financiamiento público de los partidos políticos. Aunque muchas personas critican que los partidos reciban recursos públicos, el argumento detrás de ese esquema es evitar que el dinero privado —y especialmente el dinero ilegal— domine las campañas. Según Moreno, si se reduce demasiado ese financiamiento, podría abrirse la puerta a que intereses externos o recursos ilícitos influyan en la competencia electoral.
El dirigente también cuestionó lo que considera una estrategia del gobierno para tener mayor control sobre los órganos electorales. Desde su perspectiva, la reforma busca modificar las reglas para que el partido en el poder tenga más margen de influencia en los procesos electorales.
Moreno incluso se refirió a la iniciativa con el apodo de “Ley Maduro”, en alusión al modelo político venezolano, para advertir lo que, según él, sería un riesgo de concentración del poder. Más allá del tono político de la crítica, el fondo del debate gira en torno a una pregunta clave: qué tan independientes deben ser las instituciones que organizan las elecciones y qué tanto puede intervenir el gobierno en su diseño.
En el terreno político, el dirigente priista también reconoció que algunos aliados del oficialismo, como el Partido Verde y el Partido del Trabajo, han mostrado reservas frente a ciertos puntos de la reforma. Eso abre la puerta a que la discusión en el Congreso sea más compleja de lo que parecía inicialmente.
Moreno adelantó que, si el gobierno intenta aprobar cambios electorales a través de leyes secundarias —lo que en el lenguaje político se conoce como un “Plan B”— el PRI recurrirá a mecanismos legales para impugnar cualquier disposición que considere contraria a la Constitución. Esto implicaría llevar el caso ante la Suprema Corte mediante acciones de inconstitucionalidad.
El dirigente priista también dejó abierta la puerta a futuras alianzas opositoras de cara a las elecciones de 2027. Aunque no confirmó acuerdos concretos, señaló que una coalición entre partidos podría ser necesaria si el objetivo es competir contra Morena y sus aliados en el terreno electoral.
Mientras tanto, en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira reiteró que la bancada del PRI votará unida en contra de la reforma. Para el coordinador parlamentario, el objetivo es impedir que los cambios propuestos transformen de manera profunda el sistema electoral actual.
En paralelo a la discusión electoral, los legisladores priistas también adelantaron que revisarán con detalle los perfiles que integran la terna para designar al nuevo titular de la Auditoría Superior de la Federación, uno de los órganos clave para fiscalizar el uso de recursos públicos. Además, insistieron en la importancia de preservar la autonomía de la Fiscalía General de la República, al considerar que la independencia de las instituciones es un elemento central del equilibrio democrático.
En pocas palabras, lo que está en juego no es solo una reforma técnica, sino una discusión sobre cómo deben organizarse las elecciones, qué tan fuertes deben ser las instituciones electorales y hasta dónde puede llegar el poder político en su diseño.
