Por Bruno Cortés
En el Congreso se está cocinando una discusión que toca uno de los temas más sensibles para la ciudadanía: cuánto cuesta la democracia y quién paga la cuenta. El diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, de Movimiento Regeneración Nacional, plantea que sí se puede reducir el financiamiento público a los partidos y bajar el costo de las campañas sin poner en riesgo el sistema electoral.
La idea central es sencilla de explicar: hoy las elecciones en México son caras, muy caras. Entre prerrogativas a partidos, gastos de campaña, estructuras locales y tribunales electorales, el presupuesto electoral se dispara cada tres y seis años. Ramírez Cuéllar sostiene que ese dinero podría usarse en prioridades más urgentes, como programas sociales o inversión pública, y que con menos recursos el sistema puede seguir funcionando.
En términos prácticos, lo que propone es revisar el modelo completo. Por ejemplo, eliminar la lista nacional del Senado. Actualmente, además de los senadores que se eligen por estado —dos por mayoría y uno por primera minoría— existe una lista nacional de representación proporcional. Para el legislador, si el Senado representa a las 32 entidades, no tiene lógica mantener un mecanismo nacional adicional.
En la Cámara de Diputados el planteamiento es distinto. No se busca desaparecer a los plurinominales, esos 200 diputados que llegan por representación proporcional, sino cambiar la forma en que se eligen. La propuesta es pasar a listas abiertas. ¿Qué significa eso en palabras simples? Que no sea el partido quien decida el orden de entrada, sino que la ciudadanía vote y defina quién entra primero y quién después dentro de esa lista. Además, esos aspirantes tendrían que hacer campaña, no solo esperar a que el partido los coloque en una posición privilegiada.
También se analiza crear una circunscripción especial para migrantes. Esto implicaría que mexicanas y mexicanos que viven en Estados Unidos, Europa u otras regiones puedan elegir directamente a sus propios representantes. De concretarse, el número total de diputaciones podría subir ligeramente para dar cabida a esa representación.
Pero el punto más fuerte está en el dinero. Ramírez Cuéllar insiste en que no tiene sentido hacer una reforma electoral si se deja intacto el enorme costo de las campañas. La propuesta sería que el financiamiento público se concentre en los procesos electorales —para garantizar equidad— y que el gasto ordinario de los partidos sea sostenido en mayor medida por sus propios militantes. Es decir, menos recursos para estructuras permanentes y más control sobre lo que se gasta en campañas.
En esa misma lógica de austeridad, considera viable desaparecer los Organismos Públicos Locales Electorales y los tribunales electorales estatales, centralizando funciones para reducir costos administrativos. Aquí el debate es delicado, porque estos órganos garantizan la operación electoral en cada estado, y cualquier cambio tendría que asegurar que no se afecte la imparcialidad ni la organización de los comicios.
En el fondo, lo que se está discutiendo es cómo equilibrar tres cosas: ahorro presupuestal, equidad en la competencia y representación plural. Si se recorta demasiado, podría afectar la competencia; si no se toca nada, seguirá el reclamo ciudadano por el alto costo de la política.
El diputado también reconoció que para que cualquier reforma avance se necesita mayoría calificada, lo que implica negociar con aliados como el PT, el PVEM y eventualmente otras fuerzas. No es solo una propuesta técnica, es una operación política que requiere acuerdos amplios.
La pregunta que queda sobre la mesa es directa: ¿puede México tener elecciones más baratas sin debilitar su democracia? Esa será la discusión en los próximos días en el Congreso.
