Por Bruno Cortés
En la Cámara de Diputados se abrió un debate que toca fibras sensibles y afecta la vida diaria de millones de personas: cómo construir una Ley General de Aguas que realmente garantice el derecho al agua y ponga orden en un escenario donde la escasez, la contaminación y hasta los mercados negros conviven sin control. El diputado Luis Humberto Aldana Navarro, de Morena, arrancó la discusión recordando que sin una ley fuerte y con dientes, la gente seguirá viviendo al margen del derecho: sin agua suficiente, sin saneamiento adecuado y sin claridad sobre quién es responsable cuando el Estado no garantiza este recurso vital. El problema es que la falta de agua no solo deshidrata; enferma, limita la alimentación, contamina el entorno y vulnera derechos básicos.
En medio de esta discusión, surgió una preocupación muy concreta: el negocio opaco de las pipas. La diputada mexiquense Miriam Silva Mata, del PVEM, fue contundente al pedir que se tipifique como delito todo acto de tráfico, transporte, almacenamiento o venta irregular de agua en pipas. No es exageración: muchas circulan sin logos, sin tarifas visibles y sin que nadie sepa de dónde sacan el agua. Ese desorden, dijo, terminó por crear un verdadero mercado negro hídrico que castiga a quienes menos tienen y premia a quienes lucran con la necesidad.
A esta mesa llegaron voces de todos lados: campesinos, productores, académicos, estudiantes, organizaciones sociales y comunidades enteras que saben que el agua no es un lujo, sino un requisito de supervivencia. La coincidencia fue total: urge una ley que garantice agua limpia para todos, que fortalezca la coordinación entre gobiernos y ciudadanía, y que dé prioridad al acceso doméstico y personal. No es solo un asunto técnico; es un asunto de calidad de vida.
Las cifras que se compartieron pintaron un panorama duro. Más del 70% de los ríos y lagos del país están contaminados. Nueve millones de personas no tienen acceso al agua potable. Once millones viven sin alcantarillado. Y en 515 municipios ni siquiera existe red de drenaje. Por eso, varias propuestas apuntaron a reconocer a ríos, lagos, manantiales y aguas subterráneas como sujetos de derecho, lo que en términos sencillos significa protegerlos legalmente como si fueran víctimas cuando se les daña. También se pidió atender los problemas de infraestructura urbana que provocan inundaciones y crisis hídricas cada año en distintos estados.
Otro punto crítico fue la manera en que se aprueban las obras del sector hídrico. Hoy dependen de evaluaciones ambientales que incluyen consultas públicas, pero sin una articulación clara podrían duplicarse y volverse inoperantes con la nueva ley. Por eso, varios participantes pidieron un mecanismo de consulta específico, que no repita procesos pero sí escuche en serio a las comunidades.
También hubo un llamado para que la ley respete los sistemas de gestión comunitaria del agua, especialmente en pueblos originarios donde existe una relación ancestral con los ríos y manantiales. La idea es que la regulación nacional no borre esas prácticas, sino que las reconozca como parte del modelo de gobernanza hídrica.
En el grupo de trabajo de la Zona Norte, moderado por la diputada Felicita Pompa Robles, se destacó que los foros están para escuchar y no solo para cumplir el trámite. Durante cuatro días participaron 147 personas de estados con fuertes presiones hídricas como Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Las propuestas serán analizadas a detalle para ver cuáles pueden integrarse en la nueva ley.
La diputada Ana Erika Santana González, del PVEM, pidió que esta ley tenga un enfoque integral y conectado con la producción de alimentos. Para ella, la autosuficiencia alimentaria y el manejo responsable del agua van de la mano: si México depende menos de las importaciones y produce más de forma sustentable, la presión sobre los ecosistemas disminuye y las comunidades se fortalecen.
Las voces del norte coincidieron en algo fundamental: el agua no debe verse como mercancía, sino como derecho humano. Para eso, pidieron facilitar denuncias contra quienes contaminan ríos o desvían agua, tipificar estos actos como delitos contra la salud y ampliar todo el concepto de delitos hídricos. También reclamaron frenar el acaparamiento de agua por parte de grandes concesionarios y asegurar que la ciudadanía tenga acceso libre a la información sobre quién tiene qué concesión y desde cuándo.
Al final, el mensaje fue claro: si México quiere un futuro donde el agua alcance para todos, la ley debe ser firme, moderna y construida escuchando a quienes viven la crisis en carne propia. No hay reforma más urgente que aquella que asegura que, cuando abramos la llave, el agua salga sin abusos, sin ilegalidades y sin exclusiones.
