Kenia López Rabadán, en su calidad de Presidenta de la Mesa Directiva, confirmó la recepción de la minuta del Senado que busca reformar los artículos 115, 116 y 134 de la Constitución. La legisladora precisó que el documento, aunque titulado erróneamente con menciones a la revocación de mandato, se centra técnicamente en la reconfiguración de topes financieros y administrativos para estados y organismos electorales.
La reforma al artículo 116 establece que los presupuestos de los congresos locales no podrán exceder el 0.7% del presupuesto total de cada entidad federativa. Esta medida busca una estandarización del gasto legislativo regional, eliminando disparidades discrecionales en el manejo de recursos públicos en las 32 entidades del país.
Asimismo, la modificación al artículo 115 impone un límite de 15 regidores y un síndico por ayuntamiento. Según los datos técnicos, esta compactación administrativa pretende reducir la carga nominal de los municipios, enfocando el gasto en servicios públicos en lugar de estructuras burocráticas representativas.
En cuanto al artículo 134, la minuta enviada a la Cámara de Diputados dicta límites estrictos a los sueldos y prestaciones de las autoridades electorales. Esta disposición alinea las remuneraciones de los consejeros con el tabulador federal, prohibiendo percepciones superiores a las del Ejecutivo Federal.
El proceso legislativo seguirá un calendario estricto de cinco días para el análisis en las comisiones de Puntos Constitucionales y de Reforma Política-Electoral. Se prevé que el dictamen sea conocido el 3 de abril, permitiendo que la discusión en el Pleno ocurra tentativamente entre el 8 y el 9 de abril de 2026.
Respecto a la crisis de personas desaparecidas, López Rabadán señaló una disparidad estadística crítica: de 132,532 registros de personas no localizadas, solo existen 3,869 carpetas de investigación. Esto representa que menos del 3% de los casos cuenta con un seguimiento judicial formal por parte de las fiscalías.
La diputada subrayó que la impunidad en este rubro alcanza el 99%, según datos del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU. Ante este escenario, urgió a la asignación de recursos específicos para el Centro Nacional de Identificación Humana, creado en 2022, para abatir el rezago forense que afecta a 46,742 cuerpos sin datos suficientes de identificación.
