Por Bruno Cortés
En San Lázaro se está cocinando un cambio importante que puede afectar directamente a miles de personas dentro y fuera de México, y no es exageración. La Comisión de Asuntos Migratorios, encabezada por Marcela Guerra Castillo, se sentó con el titular del Instituto Nacional de Migración, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, para revisar una propuesta que busca borrar la actual Ley de Migración y arrancar de cero con una nueva Ley de Movilidad Humana.
¿Y eso por qué importa? Porque la ley que hoy regula la migración en México tiene más de una década y, en términos simples, ya se quedó corta frente a la realidad. Hoy no solo hablamos de personas que cruzan el país, sino de mexicanos que regresan, trabajadores que se van al extranjero y familias enteras que buscan oportunidades. La idea de esta nueva política pública es cambiar el enfoque: pasar del control migratorio a poner en el centro a las personas.
En palabras más aterrizadas, lo que se discute es si el Estado va a seguir viendo la migración como un tema de vigilancia o como un fenómeno humano que necesita reglas claras, derechos garantizados y orden. Por eso, Marcela Guerra dejó claro que hay disposición política para construir una ley más justa, donde México mantenga su tradición de poner por delante los derechos humanos.
Pero no todo es consenso. Desde la oposición, el panista Víctor Adrián Martínez Terrazas puso el dedo en una de las heridas más incómodas: la corrupción dentro del sistema migratorio. Cuestionó cómo se va a limpiar la casa, cómo se va a profesionalizar al personal y, sobre todo, cómo se va a castigar a quienes han abusado del cargo. Porque sin eso, cualquier nueva ley corre el riesgo de quedarse en papel.
Del lado de Morena, diputados como Eduardo Castillo López y Roselia Suárez Montes de Oca coincidieron en que esta reforma es una oportunidad para actualizar el modelo migratorio con un enfoque más humano, pero sin perder el control del territorio. Es decir, abrir la puerta a los derechos sin dejar de cuidar la seguridad.
También se puso sobre la mesa algo que pocas veces se habla: los mexicanos que regresan al país. La diputada Maribel Solache González advirtió que miles enfrentan problemas para conseguir trabajo, estudiar o incluso comprobar su identidad. La nueva ley, dicen, tendría que resolver ese vacío.
Del lado del gobierno, Céspedes Peregrina fue claro: el Instituto no solo controla entradas y salidas, es el primer contacto que cualquier extranjero tiene con México. Por eso insiste en que necesitan una reforma de fondo que modernice la institución y le dé herramientas reales para operar mejor. Incluso, explicó que han escuchado a organizaciones civiles, académicos y dependencias para armar una propuesta más completa.
Aquí es donde entra la lógica de las políticas públicas: no basta con escribir una buena ley, el verdadero reto es que funcione en la práctica. Como lo dijo el subcomisionado Jonathan Ávalos Meléndez, puedes tener una norma perfecta, pero si los funcionarios no la aplican bien, todo se cae.
Y como telón de fondo, hay otro tema que presiona: la migración laboral hacia países como Canadá, donde miles de mexicanos trabajan cada año. Ahí, denuncias recientes apuntan a condiciones laborales que no siempre cumplen con estándares internacionales, lo que vuelve todavía más urgente que México tenga una política migratoria sólida que también defienda a sus ciudadanos en el extranjero.
Al final, lo que se discute en la Cámara de Diputados no es solo una nueva ley, sino el tipo de país que México quiere ser frente a la migración: uno que cierra puertas o uno que regula con orden, pero con dignidad. La decisión todavía está en construcción, pero lo que sí es claro es que el modelo actual ya no alcanza para lo que está pasando hoy.
