La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, encendió las alarmas legislativas al denunciar que el nuevo Plan B en materia electoral elimina el principio de paridad de género en los ayuntamientos. Desde el Palacio Legislativo de San Lázaro, la panista lanzó una advertencia contundente: si la Cámara Alta no corrige esta omisión, los diputados tomarán la batuta para enmendar la plana.
El epicentro del conflicto radica en el texto enviado por el Ejecutivo, donde misteriosamente desapareció la garantía de participación equitativa para las mujeres en los gobiernos municipales. Para la legisladora, este tropiezo no es obra de la casualidad, sino de lo que calificó sin tapujos como un «duende machista» que metió mano en la redacción del documento.
“Yo espero, supongo, que fue un duende machista el que hizo esto; un duende con falta de visión técnica, jurídica y de inteligencia emocional al que hay que despedir”, sentenció López Rabadán ante los medios. Fiel a su estilo, la diputada no se anduvo por las ramas y dejó claro que a las mujeres no les van a dar gato por liebre en temas de representación popular.
El reclamo cobra mayor eco al recordar que fue precisamente ella, durante su etapa como senadora, una de las principales impulsoras de la reforma constitucional de 2019. En aquel año, legisladoras de todos los colores partidistas cerraron filas para lograr que la paridad total fuera un derecho vigente y palpable en las leyes de México.
Resulta un balde de agua fría, señaló la presidenta camaral, que tras décadas de picar piedra para arrebatarle espacios al patriarcado, un documento oficial intente dar marcha atrás. Mencionó que resulta paradójico y difícil de asimilar que este «tijeretazo» a los derechos políticos ocurra precisamente ahora, bajo la gestión de una Presidenta de la República.
La preocupación no es menor, pues los cabildos y presidencias municipales son la primera trinchera de la administración pública en el país. Borrar de un plumazo la obligación de integrar a las mujeres en la toma de decisiones locales equivale a desarmar el andamiaje democrático que tanto sudor ha costado construir.
El reloj legislativo no perdona y el tiempo apremia, ya que el Congreso cuenta con un plazo perentorio de 90 días previos al inicio del próximo proceso electoral para realizar modificaciones de fondo. Si el dictamen avanza sin correcciones, el Instituto Nacional Electoral se quedaría sin dientes constitucionales para exigir listas paritarias en las regidurías.
Por lo pronto, el balón se encuentra en la cancha del Senado de la República, que funge como cámara revisora en este intrincado proceso. Las bancadas de oposición y los bloques feministas ya velan armas y preparan las reservas necesarias para evitar que este «error de dedo» se convierta en una ley regresiva.
Al final del día, la exigencia en el recinto legislativo es unánime: no hay espacio para retrocesos ni para chambonadas jurídicas. La moneda está en el aire, y los próximos días serán cruciales para saber si el famoso «duende» es despedido fulminantemente o si la paridad tendrá que defenderse nuevamente a capa y espada en el pleno.
