La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, expuso este día la estadística de una de las crisis logísticas y humanas más severas del país. Con un registro oficial que supera las 132 mil personas desaparecidas, el Estado mexicano se enfrenta a un volumen de casos que rebasa por completo su capacidad operativa, obligando al Poder Legislativo a buscar alternativas de financiamiento y apoyo en el extranjero.
El colapso de las políticas públicas de identificación es cuantificable y se refleja en los anfiteatros e instalaciones periciales de todo el territorio nacional. Actualmente, existen 72 mil restos humanos que no han podido ser identificados, además del registro de más de 4,500 fosas clandestinas, números que demuestran empíricamente que los presupuestos estatales y federales destinados a las comisiones de búsqueda son insuficientes para procesar la evidencia.
Ante este cuello de botella forense, el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha solicitado de manera urgente que la Asamblea General del organismo intervenga. En términos de política pública, esta acción equivale a activar un protocolo internacional de auxilio, donde una entidad supranacional reconoce que las capacidades de un país han sido rebasadas y requiere asistencia del exterior.
Para la diputada López Rabadán, esta alerta internacional no debe ser interpretada como un ataque político, sino como una herramienta para acceder a recursos tangibles. El involucramiento de la Asamblea General de la ONU abre la puerta para que México reciba cooperación técnica avanzada, líneas de apoyo financiero directo y asistencia de peritos especializados que los presupuestos locales no pueden costear.
El diseño de las políticas de seguridad en México requiere esta inyección de tecnología y metodología internacional para salir del estancamiento. La legisladora explicó que el país es firmante de diversos tratados de derechos humanos, los cuales funcionan como auditorías externas; someterse a estos mecanismos permite corregir fallas en la recolección de ADN, profesionalizar a los ministerios públicos y agilizar los cruces de bases de datos.
La gravedad de la situación ha escalado al punto de que la ONU advierte la existencia de indicios de crímenes de lesa humanidad. Esta clasificación jurídica internacional se utiliza estrictamente cuando los ataques contra la población civil no son incidentes aislados, sino acciones generalizadas o sistemáticas, lo que incrementa la urgencia de reestructurar las fiscalías mexicanas bajo la observación de auditores globales.
El planteamiento final desde San Lázaro es pragmático: el Estado debe reconocer que sus mecanismos actuales fracasaron. Aceptar el diagnóstico de la ONU y recibir el financiamiento y la tecnología que ofrece el organismo es el único mecanismo viable para erradicar la impunidad, procesar el rezago de miles de expedientes y construir una política de Estado que garantice la no repetición de estos delitos.
