Por Bruno Cortés
Rubén Moreira, diputado del PRI y uno de los políticos más críticos dentro del Congreso, no se guardó nada. Dijo que el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, debe renunciar tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido el sábado 1 de noviembre. Según Moreira, la renuncia no solo sería un acto de responsabilidad, sino también el fin de lo que llamó “insensibilidad y frivolidad” de un gobernador que, a su juicio, prefiere las obras populares y el discurso bonito antes que enfrentar la violencia que desborda al estado.
Moreira hizo un señalamiento fuerte: aseguró que mientras desde el gobierno se presume que el país está en paz, la realidad es otra. Dijo que en estados como Michoacán, Veracruz, Nuevo León o Tamaulipas la violencia no solo continúa, sino que en algunas zonas el crimen organizado es “dueño de una parte del país”. Y aun así —afirmó— el gobierno se rehúsa a reconocerlo.
También criticó que no se ha roto con la estrategia de seguridad de López Obrador, la famosa de “abrazos, no balazos”, y que además se avaló militarizar al país mientras se dejó a la Secretaría de Seguridad sin recursos y sin personal suficiente. Para él, esto solo prolonga la tragedia.
Sobre la reacción de la presidenta Claudia Sheinbaum, Moreira dijo que no mostró empatía ni solidaridad con lo sucedido en Michoacán y que su discurso sigue en lo mismo: culpar al pasado, a los medios o a los partidos en lugar de ofrecer soluciones claras. En contraste, dijo que vio más sensibilidad por parte de algunos gobernadores reunidos en la Conago.
Cuando se le preguntó sobre el “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia” anunciado por Sheinbaum, el priista lo calificó de “insuficiente y apresurado”. Aseguró que ningún plan funcionará si los gobernadores no asumen su responsabilidad y si no se devuelve presupuesto a los estados y municipios, porque —según él— gran parte del dinero federal sigue concentrado en obras como el Tren Maya.
Incluso habló de la postura de Estados Unidos, que reconoció la posibilidad de intervenir directamente contra grupos criminales en México. Moreira advirtió que eso sería una injerencia grave, porque es obligación de las autoridades mexicanas recuperar el control del país.
Desde la Cámara de Diputados, informó que su bancada ya pidió que comparezca todo el Gabinete de Seguridad, incluyendo a los secretarios de Defensa y Marina. También exigieron instalar comisiones especiales del Congreso para vigilar la actuación de las Fuerzas Armadas, porque —recordó— el Legislativo también tiene responsabilidades en temas de seguridad.
En materia de presupuesto, explicó que sí habrá reasignaciones de alrededor de 17 mil millones de pesos para atender demandas del campo, transportistas y temas de seguridad. Pero advirtió que no será suficiente, porque mucho del dinero disponible se está yendo a pagar deudas de obras como el Tren Maya, al que además se le destinarán 32 mil millones de pesos extra.
Moreira también acusó que en esta Legislatura los diputados de Morena “renunciaron a ser diputados”, porque según él, las decisiones no se toman en el Congreso, sino directamente en la Secretaría de Hacienda.
Por último, habló de la caída de confianza reflejada en encuestas del Banco de México. Dijo que eso es consecuencia de la corrupción, la inseguridad y el debilitamiento de las instituciones, y lanzó una advertencia fuerte: “Estamos frente a un principio de dictadura cuando se pretende deshacer sentencias ya dictadas”.
