Por Bruno Cortés
Rubén Moreira, coordinador del PRI en San Lázaro, prendió los focos políticos al responsabilizar directamente a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, por la forma en que actuó la policía capitalina durante la marcha de la llamada Generación Z. Para quienes no siguen el día a día del Congreso, esto significa que el PRI pone el reflector en un tema sensible: el uso de la fuerza pública y el manejo político de las protestas. Moreira aseguró que lo que vimos el sábado fue un “exceso de fuerza”, algo que, según él, recuerda prácticas de gobiernos autoritarios. Incluso lanzó una comparación dura: “Si Díaz Ordaz viviera, con Morena estuviera”.
El priista se preguntó por qué se respondió con tanta dureza si, según el propio gobierno, se trataba de una manifestación pequeña. Desde su perspectiva, tanta rigidez no solo asusta: revela un desgaste interno. Lo dijo en tono boxístico: “a Morena ya le entran los golpes”. En el fondo, su mensaje es que un gobierno seguro de sí mismo no reacciona con tal nivel de confrontación ante grupos jóvenes.
Moreira también señaló que la policía fue usada políticamente y que el protocolo de actuación de la Ciudad de México “deja mucho que desear”. En palabras más llanas: no es normal ni aceptable mandar a una corporación a contener manifestantes con prácticas que parecen improvisadas. Para el PRI, lo ocurrido abre la puerta a un debate sobre cómo se entiende la seguridad pública: si como un instrumento de control o como una herramienta para proteger derechos.
El diputado aprovechó para cuestionar al gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, por adelantar juicios sobre los detenidos de la marcha. En términos simples, lo acusó de actuar como si fuera juez, fiscal y vocero al mismo tiempo, sin que existan pruebas claras. A Moreira le preocupa que se hable de “autores intelectuales” sin presentar nombres ni evidencias, y pidió que se explique quién detuvo a quién, cómo y con base en qué información.
En paralelo, el priista dijo que el PRI brindará apoyo jurídico a quienes lo soliciten, salvo al llamado “bloque negro”. Su postura, aunque política, también es un mensaje hacia los jóvenes inconformes: habrá acompañamiento, pero sin avalar actos violentos.
Ya entrados en temas de seguridad, Moreira pidió una investigación completa del homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo. Su insistencia en buscar tanto a responsables materiales como intelectuales es una presión directa al gobierno federal, que sigue recibiendo críticas por los niveles de violencia en regiones como Michoacán.
Y como si fuera poco, el líder priista lanzó otro golpe dentro del propio Congreso: exigirá que solo periodistas identificados entren al Pleno. Asegura que Morena está metiendo “provocadores” para hostigar a diputadas y diputados de oposición, y acusó al morenista Gabriel García Hernández de ser uno de los principales operadores de estas maniobras. En pocas palabras, el PRI acusa al oficialismo de jugar rudo también dentro de la Cámara, no solo en las calles.
El discurso de Moreira refleja un momento político tenso: protestas juveniles, uso de la fuerza pública, violencia en estados clave y guerra interna en San Lázaro. Todo junto pinta un escenario en el que la oposición busca mostrar que el gobierno perdió piso… y que el PRI quiere aprovechar cada resquicio para hacerlo notar.
