Kenia López Rabadán rechaza ‘fast track’ a Ley de Aguas en San Lázaro
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La mañana en San Lázaro arrancó con ese ambiente espeso que se siente cuando una decisión legislativa puede cambiarle la vida a miles de personas. Y esta vez el tema es el agua, un asunto que en el papel parece técnico, pero que en la práctica define quién puede sembrar, producir y hasta sobrevivir en muchas regiones del país. Por eso, cuando se propuso adelantar la discusión de la nueva Ley de Aguas, el choque fue inmediato.
En San Lázaro arrancó la mañana con una de esas decisiones que, aunque no suelen acaparar los reflectores, sí pegan directo en la vida diaria de la gente: el avance del nuevo marco legal del agua en México. La Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento aprobó en lo general y en lo particular el dictamen de la Ley General de Aguas, junto con reformas a la Ley de Aguas Nacionales, un paquete que busca poner orden en un recurso que ya no alcanza para seguir improvisando.
El nuevo órgano de participación ciudadana será un espacio inédito para que comerciantes ambulantes, semifijos y de mercados incidan directamente en políticas públicas; este sector es vital, ya que el 54% de la población se abastece en centros tradicionales y el 33% en mercados públicos.
La historia del agua en México siempre ha sido complicada, pero estos días en San Lázaro se volvió un rompecabezas político que trae a todos pendientes: productores, legisladores y al propio gobierno federal. El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, explicó que la Comisión de Recursos Hidráulicos está a punto de discutir el nuevo dictamen de la Ley General de Aguas con 50 modificaciones incorporadas, todas hechas a contrarreloj para atender las preocupaciones de quienes viven del campo. La idea es que el documento quede listo “temprano” para subirlo al Pleno si se requiere, aunque nadie se atreve a asegurar que ya esté completamente cerrado.
En San Lázaro se armó una de esas discusiones donde, más allá de los tecnicismos, lo que está en juego es algo tan simple y tan profundo como abrir la llave y que salga agua. Diputadas y diputados del PAN, especialmente quienes integran la Comisión de Recursos Hidráulicos, levantaron la mano para advertir que la reforma a la Ley General de Aguas que impulsa el gobierno federal trae más remiendos que una chamarra vieja: más de 90 correcciones, y aun así —dicen— sigue generando más dudas que soluciones.
En el Congreso volvió a tensarse la cuerda entre quienes legislan desde la ciudad y quienes trabajan la tierra todos los días. Esta vez, las y los diputados del PRI, encabezados por Rubén Moreira, salieron a respaldar públicamente a productores de Chihuahua, Aguascalientes, Guanajuato y Baja California Sur que llegaron a San Lázaro con un mensaje claro: la nueva Ley de Aguas no puede seguir avanzando tal como está. No quieren ajustes menores ni “parchecitos”, como dice Moreira, porque “las cosas no van a salir bien con parches”. Piden frenar el proceso, regresar al inicio y construir una ley con ellos, no sin ellos.
En San Lázaro volvió a encenderse la conversación sobre algo que todos usamos diario pero pocos discutimos a fondo: el agua. Y esta vez, la voz que sonó fuerte fue la de la diputada Ivonne Ortega Pacheco, coordinadora de Movimiento Ciudadano, quien advirtió que la nueva iniciativa de ley hídrica —tal como está escrita hoy— podría pegarle de lleno a quienes trabajan la tierra, es decir, a quienes producen lo que nos llevamos al plato.
En la Cámara de Diputados se viene una de esas sesiones en las que pasan muchas cosas al mismo tiempo, pero que en el fondo tienen un hilo conductor: decisiones que impactan de manera directa en la vida diaria de la gente, aunque en el lenguaje legislativo a veces suenen lejanas.
Cada primero de diciembre el mundo hace una pausa para recordar algo que no debería olvidarse: la lucha contra el VIH y el SIDA sigue viva. No es una efeméride más, sino un recordatorio de que millones de personas enfrentan esta condición, de que miles han perdido la vida y de que el estigma, aunque muchos crean que ya quedó en los ochenta, aún sigue ahí. Por eso, desde el Congreso, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, envió un mensaje claro: es momento de transformar por completo la forma en que respondemos al VIH.