La arquitectura institucional del Poder Judicial de la Federación en México experimenta una reconfiguración estructural con la apertura de la Visitaduría Regional del Órgano de Evaluación del Desempeño Judicial. La puesta en marcha de las sedes Ciudad de México I y II materializa el proceso de descentralización administrativa del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ).
El paradigma de supervisión transita de un modelo históricamente centralizado hacia un esquema de proximidad territorial. Esta transformación busca adaptar los mecanismos de evaluación a las realidades sociodemográficas particulares en las que se desenvuelven los juzgados y tribunales a nivel nacional, abandonando la perspectiva a distancia.
La Magistrada Presidenta del TDJ, Celia Maya García, enmarcó esta transición dentro de la construcción de una «nueva cultura de la supervisión judicial». Bajo este marco conceptual, la evaluación se redefine no exclusivamente como una herramienta punitiva, sino como un instrumento de mejora continua enfocado en el fortalecimiento institucional.
El rediseño del mapa judicial clasifica al país en seis macrorregiones operativas. La jurisdicción recién instaurada agrupa a la Ciudad de México, Querétaro y Tlaxcala; una demarcación que responde a la interconexión de estos tres Circuitos Judiciales y a la complejidad intrínseca de la región central de la República Mexicana.
El perfil delineado para las personas juzgadoras bajo este nuevo estándar evaluativo pondera múltiples dimensiones del ejercicio profesional. El modelo integra variables que van desde el rigor del saber técnico y la diligencia procesal, hasta factores de calidad humana como la empatía y el trato respetuoso hacia el justiciable.
Este tejido de unidades regionales replica la estructura institucional que el TDJ ya ha iniciado en otras latitudes del país. Las regiones Pacífico y Oaxaca operan bajo este mismo diseño sociológico, acercando los aparatos de revisión a las dinámicas locales de entidades federativas del norte, occidente, sur y sureste mexicano.
En última instancia, la territorialización de estas funciones responde a un déficit histórico documentado en las instituciones de impartición de justicia. El acercamiento físico de las visitadurías pretende restaurar la confianza pública mediante una interacción más estrecha entre los evaluadores, los impartidores de justicia y la ciudadanía que acude a los estrados.
