Entre los principales beneficios señalados por autoridades y especialistas se encuentra la recuperación de tiempo libre para los trabajadores, lo que favorece la convivencia familiar, el descanso y la salud física y mental. Estudios citados por la STPS indican que jornadas más cortas reducen el estrés laboral y el agotamiento crónico, factores asociados a ausentismo y baja productividad.
Asimismo, la reforma plantea un impacto positivo en la eficiencia laboral, al incentivar una mayor concentración durante las horas efectivas de trabajo. También refuerza la formalización del empleo, particularmente en plataformas digitales, al garantizar derechos como la seguridad social, descansos adecuados —incluida la aplicación de la llamada “Ley Silla”— y permisos laborales más flexibles para la conciliación familiar.
No obstante, el sector empresarial ha advertido sobre los efectos negativos que podría generar la reducción de la jornada, especialmente en pequeñas y medianas empresas. Organismos como la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) han señalado que el ajuste de horarios, la capacitación adicional y la posible necesidad de contratar más personal elevarán los costos operativos, lo que podría frenar nuevas contrataciones o incentivar la informalidad.
A estos desafíos se suma la capacidad de vigilancia y cumplimiento de la reforma. Expertos laborales advierten que, sin una fiscalización efectiva, podrían presentarse prácticas de evasión que profundicen la desigualdad entre empresas formales e informales, particularmente en sectores rurales o con alta precarización laboral.
En paralelo, la reforma laboral de 2026 introduce cambios relevantes en el régimen de horas extras, con el propósito de evitar abusos y adaptarlo a la nueva jornada de 40 horas. La legislación establece un nuevo límite de entre 9 y 12 horas extras semanales, distribuidas en un máximo de cuatro horas diarias durante cuatro días, sustituyendo el esquema previo de tres horas diarias hasta tres veces por semana.
Las primeras horas extras deberán pagarse con un 100% adicional al salario ordinario, mientras que aquellas que excedan el límite autorizado se cubrirán al 200%, con un tope de cuatro horas triples por semana. Además, se prohíbe de manera absoluta el trabajo extra para menores de 18 años y se fija que la jornada total no podrá superar las 12 horas diarias, según lo establecido por la Ley Federal del Trabajo y el Congreso de la Unión.
Si bien estas disposiciones buscan equilibrar flexibilidad y descanso, algunos trabajadores han expresado preocupación por la posible reducción de ingresos derivados de horas extras, especialmente en sectores donde estas representan una parte significativa del salario. La STPS reconoce este reto y sostiene que la reforma deberá evaluarse de manera continua para ajustar sus efectos económicos y sociales.
