El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, anunció la solicitud formal de colaboración de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y el Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgos y Protección Civil para coadyuvar en los peritajes del incendio ocurrido en una tienda Waldo’s en Hermosillo, tragedia que dejó 24 personas fallecidas y múltiples heridos.
En un mensaje público, Durazo enfatizó que la investigación será conducida con rigor técnico y transparencia absoluta. “No permitiremos que se politice esta investigación. No habrá impunidad, pero tampoco chivos expiatorios”, afirmó. El mandatario subrayó que el objetivo es esclarecer con precisión las causas del siniestro y determinar las responsabilidades penales y administrativas correspondientes.
De acuerdo con el gobierno estatal, equipos multidisciplinarios de ingeniería de la UNAM y el IPN participarán directamente en el análisis estructural, forense y de protocolos aplicados al momento del incendio, reforzando los trabajos periciales que mantiene la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE).
El gobernador informó que la solicitud fue enviada formalmente al rector de la UNAM y al director general del IPN, quienes, dijo, han mostrado disposición para colaborar. Asimismo, el Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgos y Protección Civil contribuirá con metodologías certificadas para garantizar independencia y credibilidad en los dictámenes.
Durazo señaló que la magnitud de la tragedia ha provocado un profundo dolor en la comunidad hermosillense y que el Estado tiene la obligación de actuar con responsabilidad y sensibilidad. “La investigación debe ser exhaustiva, sin pausas ni precipitaciones, pero con la firmeza necesaria para que la verdad prevalezca”, declaró.
También afirmó que el Gobierno de Sonora garantizará la reparación integral del daño a las víctimas y sus familias, sin trámites burocráticos y con acompañamiento institucional en materia jurídica, psicológica y económica.
La administración estatal insistió en que el proceso de investigación será público en sus resultados y se informará a la ciudadanía de manera periódica para fortalecer la confianza social. “La justicia no se presume, se demuestra con hechos”, reiteró el gobernador.
La Fiscalía estatal continuará con la conducción legal del caso y presentará los dictámenes finales una vez que concluyan los análisis especializados de las instituciones convocadas.
