Por Juan Pablo Ojeda
La cohesión discursiva del gabinete federal enfrentó un ajuste de cuentas público este lunes. La presidenta Claudia Sheinbaum rectificó frontalmente la postura de su secretario de Economía, Marcelo Ebrard, negando que el abatimiento del líder del CJNG en Jalisco sea un activo político diseñado para destrabar o favorecer las negociaciones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
El desmentido presidencial expone los límites en el manejo de la agenda pública de sus secretarios de Estado. Días atrás, Ebrard había capitalizado la caída de Nemesio Oseguera Cervantes argumentando que dicha acción probaría la determinación del gobierno mexicano frente a sus socios comerciales, mezclando abiertamente la política comercial con el uso de la fuerza letal del Estado.
Ante los cuestionamientos de la prensa, Sheinbaum optó por la contención institucional. Al declarar que «no sé en qué contexto lo dijo el secretario», la presidenta retiró el respaldo a la narrativa de Economía, enviando un mensaje claro a los inversionistas y diplomáticos extranjeros: el combate al narcotráfico es una obligación constitucional, no un mecanismo de apaciguamiento arancelario.
La neutralización del objetivo criminal en Tapalpa el pasado 22 de febrero representa la operación militar más significativa del sexenio en materia de seguridad. Sin embargo, utilizar este resultado como palanca en el T-MEC implicaría aceptar la premisa de que Estados Unidos puede condicionar el flujo económico al derramamiento de sangre o capturas en territorio mexicano, una postura que el Ejecutivo ha evitado históricamente.
El matiz introducido por Sheinbaum no anula el peso de la operación militar, pero lo redirecciona. La mandataria reconoció que el abatimiento «sí beneficia la relación que se mantiene con los Estados Unidos», enmarcando el suceso estrictamente dentro de los acuerdos de cooperación binacional en seguridad, como el Entendimiento Bicentenario, manteniendo intacta la soberanía en la mesa de comercio.
Esta corrección pública obliga a la Secretaría de Economía a reestructurar sus argumentos de cara a las revisiones del tratado. La rendición de cuentas sobre el cumplimiento del T-MEC deberá sostenerse en la certidumbre jurídica, el respeto a los derechos laborales y la competitividad regional, sin depender de los saldos operativos de las fuerzas armadas en el occidente del país.
El episodio subraya la disciplina vertical que la Presidencia busca imponer en temas de alta sensibilidad geopolítica. Mientras el combate a los cárteles continúa requiriendo recursos y coordinación internacional, la línea trazada por Sheinbaum garantiza que las disputas comerciales no se resolverán mediante demostraciones de fuerza en el ámbito de la seguridad interior.
