Ya no sería delito vapear: la reforma que reescribe la ley de salud en México
El debate sobre los vapeadores en México está a punto de dar un giro clave. Morena, a través de su…
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El debate sobre los vapeadores en México está a punto de dar un giro clave. Morena, a través de su…
En San Lázaro se armó una de esas escenas que muestran cómo una decisión técnica puede convertirse en una bomba política cuando la gente siente que no la escuchan. Afuera de la Cámara de Diputados, un grupo de campesinos, ganaderos y agricultores llevaba horas manifestándose por la discusión de la reforma en materia de agua, un tema que para ellos no es teoría: es su forma de vida, su cosecha, su ingreso, su futuro. Y ahí, en medio de pancartas y reclamos, se enteraron de que el debate que esperaban para el día siguiente podría adelantarse en el Pleno. Eso encendió aún más los ánimos.
El Senado dio un paso fuerte contra uno de los delitos que más lastiman el bolsillo y la tranquilidad de la gente: la extorsión. Con 110 votos a favor, prácticamente un respaldo unánime, las y los senadores aprobaron una nueva Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión. La idea central es sencilla de explicar: cerrar la puerta a la impunidad, elevar las penas y, sobre todo, obligar a que los funcionarios encargados de combatir el crimen dejen de mirar para otro lado cuando se topan con estos casos.
En la Cámara de Diputados se está moviendo una idea que, aunque suene técnica, en el fondo es bastante sencilla: que México deje de trabajar la política social “a ojo de buen cubero” y la conecte de manera obligatoria con los acuerdos internacionales que ya firmó. La encargada de empujar este cambio es la diputada Ana Isabel González González, del PRI, quien plantea que la Ley General de Desarrollo Social por fin se ponga en sintonía con instrumentos globales como la Agenda 2030, esos mismos compromisos que buscan que los países combatan la pobreza, la desigualdad y la discriminación con estándares claros y medibles.
La discusión que se abrió en el Congreso gira en torno a un tema que parece muy técnico, pero que toca un nervio sensible: ¿cómo evitar que grupos criminales sigan usando uniformes y equipo táctico prácticamente idéntico al del Estado para engañar, intimidar o cometer delitos? El diputado Emilio Manzanilla Téllez, del PT, planteó una iniciativa que busca poner candado absoluto a cualquier fabricación, venta o compra de equipamiento táctico-operativo sin permiso directo de la Secretaría de la Defensa Nacional o la Secretaría de Marina. Y cuando habla de candado, habla de uno bastante pesado: de uno a seis años de prisión más multas fuertes, calculadas con base en la Unidad de Medida y Actualización.
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