Información al momento
La Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos del Senado aprobó por unanimidad un proyecto que, aunque parece sencillo, tiene un enorme peso simbólico: declarar cada 4 de noviembre como el “Día Nacional de las Mujeres Afromexicanas”. Y aunque pudiera sonar como un gesto meramente ceremonial, en realidad toca fibras profundas del debate sobre igualdad, reconocimiento y construcción de políticas públicas más justas.
Las cosas se calentaron afuera de San Lázaro. Mientras adentro los diputados daban luz verde a la nueva Ley de Economía Circular, afuera varias organizaciones civiles se plantaron para advertir que, así como estaba, esa ley no solo avanzaba demasiado rápido, sino que parecía hecha a puerta cerrada y con un claro sesgo hacia intereses económicos antes que ambientales.
En San Lázaro, mientras se discutía la reforma sobre vapeadores, Morena decidió cerrar el periodo ordinario con un “detalle navideño” que levantó más cejas que aplausos: una MacBook Air de 256 gigas para cada uno de sus 253 diputados federales. Sí, una por cabeza, cada una valuada en cerca de 19 mil pesos, lo que acumulado suma alrededor de 4.8 millones de pesos. Un movimiento que, aunque internamente fue manejado como una herramienta de trabajo, afuera se interpretó como un gesto difícil de empatar con el discurso de austeridad que Morena presume desde hace años.
La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, soltó un mensaje que, en pocas palabras, resume el hartazgo que se siente en buena parte del país: “ya basta de hacer política con la inseguridad”. Lo dijo mientras hablaba del coche bomba en Coahuayana, Michoacán, un ataque que volvió a colocar los reflectores en la violencia que viven regiones enteras. Y aunque todavía se debate si ese hecho debe considerarse terrorismo o no, para la diputada eso es lo de menos. Lo urgente, subrayó, es garantizar la seguridad de la gente.
En la discusión pública sobre el agua, pocas cosas pesan tanto como la sensación de que este recurso, que debería ser de todos, ha terminado en manos de quienes pueden pagarlo o explotarlo mejor. Por eso, cuando el diputado Óscar Iván Brito Zapata habla de la nueva Ley de Aguas como un “avance importante”, no lo hace desde la retórica, sino desde un contraste muy claro: la diferencia entre tratar el agua como mercancía—como lo hacía la ley de 1992—y tratarla como un derecho humano.
En medio del jaloneo político que suele acompañar cualquier cambio en las reglas del agua —un recurso que en Chihuahua vale casi oro—, la diputada Lilia Aguilar Gil salió a aclarar de qué va realmente la nueva Ley de Aguas aprobada en el estado. Según ella, esta reforma no es un arma contra grupos específicos ni una herramienta para perseguir apellidos conocidos, sino un intento por poner orden en un sector donde, por años, el que más ha tenido es el que más ha podido acaparar.
La salida de Alejandro Gertz Manero al frente de la Fiscalía General de la República abrió un proceso que, aunque suena técnico, en realidad define algo clave para el país: quién encabezará la institución responsable de perseguir delitos y combatir la impunidad. Y para no hacerlo complicado, aquí va la historia tal cual la están moviendo en el Senado y en la Presidencia.
En el Congreso mexicano se está moviendo una de esas piezas que, aunque suenan lejanas, afectan directamente cómo se investiga un delito, cómo se persigue a un criminal y qué tan protegido se siente cualquier ciudadano cuando algo sale mal. El Senado ya inició el proceso para elegir a la próxima persona titular de la Fiscalía General de la República (FGR), un cargo que no es menor: es, en términos simples, quien debe asegurarse de que la justicia funcione sin deberle favores a nadie.
La Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados metió orden en un tema que suele sonar lejano pero que impacta directamente en médicos, enfermeras y trabajadores del Estado: las reglas internas del ISSSTE. Y es que, aunque no se diga mucho, buena parte de la normatividad con la que opera el Instituto sigue atorada en el 2018, como si nada hubiera pasado desde entonces… incluido el Covid.
En San Lázaro a veces hay pleitos que, con el paso del tiempo, terminan pareciendo ecos de otra época. Eso pasó con la vieja queja que la Cámara de Diputados había presentado en 2022 contra tres consejeros del INE por la discusión sobre la revocación de mandato. Como el tema nunca derivó en una afectación electoral real, quedó prácticamente como un trámite empolvado… hasta hoy, que la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, anunció que buscarán frenarlo formalmente para darlo por cerrado.
