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El Gobierno de la Ciudad de México y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) reforzaron su cooperación institucional tras una reunión de alto nivel en la que establecieron las bases de un plan de trabajo conjunto orientado a garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes, con énfasis en la reducción de desigualdades y la atención a poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad.
En el Congreso volvió a ponerse sobre la mesa un tema que suele normalizarse en muchas regiones del país, pero que tiene profundas consecuencias sociales y económicas: el trabajo infantil. El diputado Ricardo Madrid Pérez impulsa una iniciativa para que la Constitución deje completamente claro que las personas menores de 18 años no deben realizar trabajos peligrosos, insalubres ni labores nocturnas, sin importar el sector en el que se desempeñen.
En San Lázaro empezó a moverse una idea que muchos papás y mamás ya comentan en casa, pero que ahora busca respaldo en la ley. El diputado Gerardo Villarreal Solís, del Partido Verde, puso sobre la mesa una iniciativa para que el Estado mexicano se tome en serio un problema cada vez más visible: el uso excesivo de pantallas entre niñas, niños y adolescentes y sus efectos en la salud.
En el Congreso se abrió un debate que va más allá de cifras y tecnicismos legales: cómo frenar una de las caras más crueles de la violencia en México, el reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes por parte del crimen organizado. La diputada Margarita Ester Zavala Gómez del Campo, del PAN, presentó una iniciativa para reformar el Código Penal Federal y castigar con penas de entre 10 y 30 años de prisión a quien cometa este delito.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) envió un mensaje directo a quienes evaden sus obligaciones familiares: el incumplimiento injustificado de alimentos hacia hijas e hijos puede constituir un delito, y los vínculos de cuidado, aun sin lazos de sangre, también generan derechos en materia de seguridad social. Con dos resoluciones relevantes, el Máximo Tribunal fortaleció la protección jurídica de niñas, niños y personas dependientes en el país.
En Jalisco se lanza una lucha firme por proteger a la infancia: se propone prisión de 15 a 30 años, sanciones económicas y atención integral para víctimas del reclutamiento forzado.
