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A diez años de que México puso en marcha el Sistema Penal Acusatorio, el Congreso comenzó a mirarse al espejo. En la Cámara de Diputados, el legislador Sergio Mayer Bretón encabezó el primer Foro de análisis y prospectiva de este modelo de justicia, un espacio pensado no para aplausos, sino para revisar qué ha funcionado, qué no y qué ajustes hacen falta desde el Poder Legislativo.
La discusión sobre la Reforma Electoral en México ya encendió focos rojos entre especialistas en derecho y democracia. La Barra Mexicana de Abogados, junto con el Rule of Law Lab, el Laboratorio Electoral y la Fundación Konrad Adenauer México, advirtieron que cualquier cambio al sistema electoral debe cumplir con estándares internacionales y, sobre todo, no dar pasos hacia atrás en la protección de la democracia.
En la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, la ministra Yasmín Esquivel Mossa participó en una mesa de diálogo donde insistió en un mensaje central: la ciudadanía demanda jueces prudentes, independientes y alejados de cualquier uso político de la justicia. Ante ministras, ministros y asistentes, advirtió que no debe haber excesos en la labor jurisdiccional y que los juzgadores deben actuar con absoluta mesura.
En el Congreso mexicano se está moviendo una de esas piezas que, aunque suenan lejanas, afectan directamente cómo se investiga un delito, cómo se persigue a un criminal y qué tan protegido se siente cualquier ciudadano cuando algo sale mal. El Senado ya inició el proceso para elegir a la próxima persona titular de la Fiscalía General de la República (FGR), un cargo que no es menor: es, en términos simples, quien debe asegurarse de que la justicia funcione sin deberle favores a nadie.
Exigen al SAT cuantificar sus créditos “sin doble cobro” y analizan una demanda por silencio administrativo.
Durante la conferencia matutina de Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió a las declaraciones del expresidente Ernesto Zedillo, quien aseguró recientemente que en México “no hay democracia”. La mandataria enfatizó que tales comentarios no reflejan la realidad actual del país y destacó que México es uno de los países más democráticos del mundo, donde la ciudadanía ejerce su derecho a elegir al poder ejecutivo, legislativo y judicial.
El ambiente en la Cámara de Diputados se caldeó este fin de semana con las audiencias públicas sobre la reforma a la Ley de Amparo, una de las discusiones más sensibles del Congreso. El diputado Federico Döring Casar, del PAN, lanzó una advertencia clara: su bancada asistirá a los foros, sí, pero “bajo protesta” y sin dar aval a lo que califica como un proceso “ilegal y simulado”.
El debate sobre la reforma a la Ley de Amparo sigue encendido en el Congreso, y esta vez fue el diputado Arturo Ávila Anaya, vocero de Morena, quien salió a defender la propuesta que viene del Senado. Según él, el cambio busca proteger a quienes realmente sufren abusos del Estado, y no a quienes —como evasores fiscales o delincuentes— usan el amparo como una puerta de escape para evitar la justicia.
En México, el juicio de amparo ha sido, durante casi dos siglos, la herramienta más poderosa que tienen los ciudadanos para defenderse del abuso del poder. Es el escudo que protege a la gente común —a ti, a mí, a una pequeña empresa o a un colectivo— cuando una autoridad toma una decisión injusta o arbitraria. Pero hoy, ese escudo podría estar en riesgo.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que la revisión del artículo transitorio de la Ley de Amparo en la Cámara de Diputados permitirá dar mayor claridad al texto aprobado por el Senado, al reconocer que la redacción inicial “quedó confusa” y podría prestarse a interpretaciones equivocadas sobre su aplicación.
