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La presidenta Claudia Sheinbaum intenta colocar una agenda de alto voltaje (reforma electoral, seguridad, Mundial 2026, impuestos de Grupo Salinas y precios de combustibles) bajo un mismo marco: “cumplir compromisos” y “proteger a la gente”. El problema es que, al contrastar su narrativa con reportes verificables, aparecen contradicciones de hecho, evasivas de responsabilidad y datos que no alcanzan prueba.
En el Congreso ya empezó a moverse una de las reformas laborales más esperadas por millones de trabajadores: bajar la jornada semanal de 48 a 40 horas. Y en medio del debate, el diputado Rubén Moreira Valdez, coordinador del PRI en San Lázaro, salió a fijar postura con un mensaje claro: su bancada va con la reducción, pero no sin ajustes.
Con una política de justicia tributaria y sin incremento de impuestos, el Gobierno de la Ciudad de México anunció la continuidad de estímulos fiscales para 2026, dirigidos a familias, grupos vulnerables y micro, pequeñas y medianas empresas, con el objetivo de fortalecer la economía local y mantener finanzas públicas sanas.
En las zonas fronterizas del país, la economía no espera y las decisiones tampoco deberían hacerlo. Con esa idea sobre la mesa, la diputada Eva María Vásquez Hernández, del PAN, llevó al Congreso un punto de acuerdo para pedirle a la presidenta de la República y a las autoridades hacendarias que prorroguen los estímulos fiscales que hoy operan en estas regiones y que están a punto de vencer.
