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El diputado Ricardo Monreal Ávila, coordinador del grupo parlamentario de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, presentó una serie de ajustes al dictamen de la nueva Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos de Extorsión, una propuesta que, según dijo, busca darle al Estado las herramientas necesarias para devolverle paz y tranquilidad a las familias mexicanas.
En el Congreso mexicano se aprobó una de las leyes más esperadas y urgentes para enfrentar uno de los delitos que más miedo y daño causan a las familias y negocios: la extorsión. La Comisión de Justicia, presidida por el diputado Julio César Moreno Rivera, de Morena, avaló por amplia mayoría el dictamen que crea la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión.
La consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Ernestina Godoy Ramos, informó que el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum avanza en la consolidación de un nuevo marco jurídico para combatir la extorsión en todo el país, como parte de la estrategia nacional de seguridad y justicia basada en la atención a las causas, la inteligencia y el respeto a los derechos humanos.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo abordó este martes dos temas sensibles durante su conferencia de prensa: la seguridad del personal médico en Sinaloa, tras denuncias de amenazas en hospitales, y las medidas para combatir la extorsión telefónica a partir de un mayor control en la venta de chips celulares.
En México, uno de los delitos que más pega en el bolsillo y en la tranquilidad de la gente es la extorsión. Esa llamada sospechosa que pide dinero para no hacerte daño, ese mensaje amenazante que llega al celular o incluso el cobro de piso a comerciantes, todo entra en esta categoría. El problema es que hasta hoy cada estado del país define y castiga la extorsión de manera distinta. Lo que en un lugar es delito grave, en otro puede tener sanciones más leves, y esa falta de uniformidad complica que la justicia sea pareja.
