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Lo que debía ser una sesión más del Congreso de la Ciudad de México terminó convertido en un espectáculo bochornoso. Este lunes, el pleno fue escenario de empujones, jaloneos y golpes entre diputadas, en medio de una disputa política por la posible desaparición del instituto encargado de garantizar la transparencia y la protección de datos personales en la capital del país.
En el Congreso se abrió un debate que va más allá de cifras y tecnicismos legales: cómo frenar una de las caras más crueles de la violencia en México, el reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes por parte del crimen organizado. La diputada Margarita Ester Zavala Gómez del Campo, del PAN, presentó una iniciativa para reformar el Código Penal Federal y castigar con penas de entre 10 y 30 años de prisión a quien cometa este delito.
En Aguascalientes se vivió un caso que, más que un problema administrativo, es un recordatorio de cómo una falla técnica puede poner en riesgo directo la vida de decenas de personas. Una nueva clínica de hemodiálisis —apenas con cinco días de operación— colapsó de golpe, dejando a más de 80 pacientes renales sin tratamiento. Y cuando hablamos de hemodiálisis, no es opcional: es un procedimiento que deben recibir varias veces por semana para seguir con vida.
El debate sobre la reforma a la Ley General de Salud volvió a sacudir al Congreso, y esta vez el foco no sólo está en los vapeadores, sino en cómo una mala decisión puede empujar a millones de personas hacia el mercado negro sin resolver el problema de fondo. El diputado Elías Lixa Abimerhi, coordinador del PAN, lo resumió con claridad: la reforma es enorme, confusa y, entre otras cosas, criminaliza a quienes usan vapeadores en México, especialmente a los jóvenes.
El debate en la Cámara de Diputados volvió a encenderse y, esta vez, no sólo por el controvertido tema de los vapeadores. Según el diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, del PAN, la reforma a la Ley General de Salud impulsada por Morena y el PT trae un daño colateral mucho más grande de lo que parece: debilita al Fondo de Salud para el Bienestar, el famoso FONSABI, que es el dinero destinado a atender enfermedades que pueden llevar a cualquier familia a la ruina económica, como el cáncer o los infartos.
La Presidenta Claudia Sheinbaum volvió a encender el debate público al responderle al PAN por sus críticas a la nueva Ley de Aguas. Y lo hizo sin rodeos: dijo que la postura del blanquiazul está construida “desde la ignorancia”, porque el agua no es propiedad privada, sino un derecho y un bien de la nación. Este jaloneo, aunque parece otro pleito político más, toca el corazón de un tema que afecta a todos: quién decide, quién paga y quién se beneficia del manejo del agua.
En el Senado se encendió una de esas discusiones que dejan claro que hablar de agua en México es hablar de poder. La nueva Ley General de Aguas, que lleva años atorada y que pretende poner orden en quién usa el recurso y para qué, explotó en un duelo político entre Morena y el PAN que terminó con acusaciones de acaparamiento, amenazas de exhibiciones públicas y un pleno convertido en ring.
En San Lázaro se armó una de esas escenas que muestran cómo una decisión técnica puede convertirse en una bomba política cuando la gente siente que no la escuchan. Afuera de la Cámara de Diputados, un grupo de campesinos, ganaderos y agricultores llevaba horas manifestándose por la discusión de la reforma en materia de agua, un tema que para ellos no es teoría: es su forma de vida, su cosecha, su ingreso, su futuro. Y ahí, en medio de pancartas y reclamos, se enteraron de que el debate que esperaban para el día siguiente podría adelantarse en el Pleno. Eso encendió aún más los ánimos.
La discusión por el presupuesto 2026 en la Ciudad de México volvió a encender ánimos, ahora con un choque directo entre el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, y diputados de Morena en el Congreso capitalino. Todo comenzó cuando la bancada oficialista rechazó la solicitud del edil para reponer una mesa de trabajo donde, según él, buscaba exponer propuestas sobre el presupuesto. Sin embargo, Morena argumentó que la petición llegaba tarde, fuera del procedimiento y dirigida a un órgano sin facultades, además de que la figura de “mesa de trabajo” que pedía simplemente no existe en la Ley Orgánica ni en el reglamento interno.
En San Lázaro se armó una de esas discusiones donde, más allá de los tecnicismos, lo que está en juego es algo tan simple y tan profundo como abrir la llave y que salga agua. Diputadas y diputados del PAN, especialmente quienes integran la Comisión de Recursos Hidráulicos, levantaron la mano para advertir que la reforma a la Ley General de Aguas que impulsa el gobierno federal trae más remiendos que una chamarra vieja: más de 90 correcciones, y aun así —dicen— sigue generando más dudas que soluciones.
