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En el Congreso mexicano, donde las discusiones suelen ser tan densas como el tráfico en Insurgentes un lunes, algo inusual ocurrió: la Cámara de Diputados detuvo el avance de la nueva Ley de Amparo, una reforma que había levantado críticas por parte de juristas, académicos y la oposición. Los legisladores del PAN no tardaron en calificar este aplazamiento como una “victoria ciudadana”.
Una reciente encuesta aplicada en la Ciudad de México muestra el pulso ciudadano sobre el desempeño de los 16 alcaldes capitalinos y la gestión de Clara Brugada Molina como jefa de Gobierno. El estudio, realizado los días 29 y 30 de septiembre de 2025, incluyó 16 mil entrevistas y ofrece un panorama detallado de la percepción pública en torno al trabajo general de los alcaldes, el combate a la inseguridad, la prestación de servicios públicos y la aprobación de la mandataria capitalina.
En la Cámara de Diputados, el PAN se prepara para frenar lo que considera una reforma regresiva y arbitraria a la Ley de Amparo. Así lo aseguró el coordinador del grupo parlamentario, Elías Lixa Abimerhi, quien explicó que, a diferencia del Senado, en la Cámara baja se acordó que la minuta no se tramitará por la vía rápida, sino que se respetarán los tiempos legales para su análisis, tanto en comisiones como en el Pleno.
La tarde del viernes se volvió de incertidumbre legislativa. A pesar de las expectativas generadas durante toda la semana, la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, informó que hasta las 7:30 de la noche del 3 de octubre, la minuta de la Ley de Amparo todavía no había llegado a San Lázaro desde el Senado.
El debate en el Senado del pasado 1 de octubre se tornó tenso cuando la senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Lilly Téllez, arremetió contra la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el senador de Morena, Adán Augusto López, al que calificó como “narcosenador”. Las declaraciones surgieron en el marco de la discusión sobre la iniciativa de reforma a la Ley de Amparo impulsada por la mandataria, la cual busca acortar tiempos de resolución de los amparos y limitar las suspensiones provisionales, medidas que han generado preocupación sobre posibles afectaciones al acceso a la justicia y a los derechos de los ciudadanos.
La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, se mostró optimista y agradecida este martes al refrendar su compromiso con la productividad legislativa. En entrevista con medios, explicó que esta semana será una de las más activas en lo que va de la Legislatura, con la votación de nueve dictámenes que abarcan temas que van desde salud, seguridad y economía, hasta pesca, transparencia y medio ambiente.
La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, diputada del PAN, tomó la palabra en un momento sensible para la educación y la seguridad de los jóvenes mexicanos. La legisladora anunció que solicitará que los recursos que se podrían recortar del Presupuesto 2026 al Poder Judicial se transfieran a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), con la intención de reforzar la atención psicológica y la seguridad de los estudiantes, luego del asesinato de un alumno en el CCH Sur.
El diputado Elías Lixa Abimerhi, coordinador de la bancada del PAN en la Cámara de Diputados, lanzó una advertencia que suena a eco de lo que muchos ciudadanos perciben: la polarización política no está dando frutos y, por el contrario, amenaza con romper la cohesión social. En palabras sencillas, explicó que cuando la política se convierte en un juego de “todo o nada”, gana el pleito pero pierde la gente.
La comparecencia del secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, ante el Pleno de la Cámara de Diputados abrió un debate polarizado sobre el Paquete Económico 2026, con críticas de la oposición por recortes presupuestales y falta de transparencia en el manejo de finanzas públicas.
En San Lázaro se soltó una bomba que muchos burócratas llevan años esperando. El diputado Theodoros Kalionchiz de la Fuente, del PAN, anunció que va a presentar una reforma a la Ley del ISSSTE para que los trabajadores al servicio del Estado tengan acceso a créditos de vivienda justos y accesibles, sin esas trampas legales que convierten un préstamo en una condena de por vida.
