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México y Estados Unidos alcanzaron un acuerdo para fortalecer la gestión del agua en la cuenca del Río Bravo, en un momento marcado por una sequía extraordinaria que ha afectado a comunidades, al campo y a los sistemas hídricos de ambos lados de la frontera. El entendimiento se da en el marco del Tratado de Aguas de 1944 y busca equilibrar los compromisos internacionales con las necesidades internas de cada país.
La Presidenta Claudia Sheinbaum volvió a encender el debate público al responderle al PAN por sus críticas a la nueva Ley de Aguas. Y lo hizo sin rodeos: dijo que la postura del blanquiazul está construida “desde la ignorancia”, porque el agua no es propiedad privada, sino un derecho y un bien de la nación. Este jaloneo, aunque parece otro pleito político más, toca el corazón de un tema que afecta a todos: quién decide, quién paga y quién se beneficia del manejo del agua.
En San Lázaro arrancó la mañana con una de esas decisiones que, aunque no suelen acaparar los reflectores, sí pegan directo en la vida diaria de la gente: el avance del nuevo marco legal del agua en México. La Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento aprobó en lo general y en lo particular el dictamen de la Ley General de Aguas, junto con reformas a la Ley de Aguas Nacionales, un paquete que busca poner orden en un recurso que ya no alcanza para seguir improvisando.
En San Lázaro se armó una de esas discusiones donde, más allá de los tecnicismos, lo que está en juego es algo tan simple y tan profundo como abrir la llave y que salga agua. Diputadas y diputados del PAN, especialmente quienes integran la Comisión de Recursos Hidráulicos, levantaron la mano para advertir que la reforma a la Ley General de Aguas que impulsa el gobierno federal trae más remiendos que una chamarra vieja: más de 90 correcciones, y aun así —dicen— sigue generando más dudas que soluciones.
En el Congreso volvió a tensarse la cuerda entre quienes legislan desde la ciudad y quienes trabajan la tierra todos los días. Esta vez, las y los diputados del PRI, encabezados por Rubén Moreira, salieron a respaldar públicamente a productores de Chihuahua, Aguascalientes, Guanajuato y Baja California Sur que llegaron a San Lázaro con un mensaje claro: la nueva Ley de Aguas no puede seguir avanzando tal como está. No quieren ajustes menores ni “parchecitos”, como dice Moreira, porque “las cosas no van a salir bien con parches”. Piden frenar el proceso, regresar al inicio y construir una ley con ellos, no sin ellos.
En el Congreso la discusión sobre la nueva Ley de Aguas agarró ritmo, pero también llegó con una advertencia clara desde el campo: “si no nos escuchan, no nos movemos”. Así lo resumió Eraclio Rodríguez Gómez, dirigente del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano, quien anda de reunión en reunión con diputados de prácticamente todas las bancadas para que la ley no se cocine desde la oficina, sino desde la realidad que se vive en los ejidos, los distritos de riego y las comunidades agrícolas de todo el país.
