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La salida de Alejandro Gertz Manero al frente de la Fiscalía General de la República abrió un proceso que, aunque suena técnico, en realidad define algo clave para el país: quién encabezará la institución responsable de perseguir delitos y combatir la impunidad. Y para no hacerlo complicado, aquí va la historia tal cual la están moviendo en el Senado y en la Presidencia.
En el Congreso mexicano se está moviendo una de esas piezas que, aunque suenan lejanas, afectan directamente cómo se investiga un delito, cómo se persigue a un criminal y qué tan protegido se siente cualquier ciudadano cuando algo sale mal. El Senado ya inició el proceso para elegir a la próxima persona titular de la Fiscalía General de la República (FGR), un cargo que no es menor: es, en términos simples, quien debe asegurarse de que la justicia funcione sin deberle favores a nadie.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó la renuncia de Alejandro Gertz Manero a la Fiscalía General de la República (FGR), luego de que el Senado recibiera la carta para formalizar su dimisión. La mandataria añadió un dato relevante: Gertz será designado embajador de México en un “país vecino”, aunque aún está por definirse cuál será su sede diplomática.
El debate sobre la reforma en materia de extorsión volvió a encender el ánimo en San Lázaro, pero esta vez con un giro llamativo: el PAN anunció que acompañará la minuta del Senado que endurece las sanciones, mientras desde Morena se defendió el proceso legislativo como parte natural del sistema bicameral. En medio de esa tensión, lo que quedó claro es que la Cámara de Diputados terminó ajustando la ruta que ella misma había aprobado semanas atrás.
La discusión sobre cómo castigar la extorsión en México volvió a encender el ánimo en San Lázaro, y esta vez el PAN salió a decir: “se los dijimos”. El diputado Elías Lixa explicó que la Cámara de Diputados había aprobado una reforma que, en lugar de endurecer las penas contra los extorsionadores, las bajaba por debajo de lo que ya tenían varios estados. En pocas palabras, una reforma que pretendía combatir un delito terminaría abriendo la puerta para que delincuentes ya encarcelados pudieran salir libres. Y, para rematar, también se reducían sanciones contra funcionarios que se prestaran al juego de los criminales.
La disputa política por la marcha del 15 de noviembre sigue creciendo, y ahora alcanzó de lleno al Senado. La panista Lilly Téllez anunció que presentará un punto de acuerdo para exigir que la presidenta Claudia Sheinbaum se abstenga de ordenar o promover cualquier investigación o señalamiento que pueda criminalizar a quienes asistieron a la protesta convocada por la llamada “Generación Z”. La senadora argumenta que la movilización no debe convertirse en un pretexto para perseguir disidencias, y pidió que se garantice el derecho constitucional a manifestarse sin miedo a represalias.
El Senado dio un paso fuerte contra uno de los delitos que más lastiman el bolsillo y la tranquilidad de la gente: la extorsión. Con 110 votos a favor, prácticamente un respaldo unánime, las y los senadores aprobaron una nueva Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión. La idea central es sencilla de explicar: cerrar la puerta a la impunidad, elevar las penas y, sobre todo, obligar a que los funcionarios encargados de combatir el crimen dejen de mirar para otro lado cuando se topan con estos casos.
Luego de que la Cooperativa Pascual, fabricante de los conocidos jugos y refrescos Boing, advirtiera que el nuevo impuesto a las bebidas azucaradas impulsado por el gobierno federal podría afectarlos gravemente, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró este viernes que buscará reunirse con ellos para dialogar sobre el tema y encontrar una solución.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, llegó al Senado de la República con una misión clara: mostrar que la estrategia de seguridad del gobierno de Claudia Sheinbaum sí está dando resultados. Durante su comparecencia ante los legisladores, el funcionario presentó cifras contundentes que, según dijo, reflejan un avance real en la pacificación del país: una reducción del 32% en los homicidios dolosos a nivel nacional, lo que equivale —ni más ni menos— a 27 asesinatos menos por día.
El senador Gerardo Fernández Noroña, integrante de la bancada de Morena, anunció que se ausentará del Senado por diez días para realizar un viaje a Palestina, atendiendo una invitación de carácter político y humanitario en medio del conflicto en la región de Gaza. La licencia temporal comenzará este jueves y el legislador regresará a México el 2 de noviembre.
