Solo 9 mil trabajadores con casi 20 años de antigüedad accedieron al beneficio; el decreto descarta cheques en blanco para cualquiera.
Ni son todos los que están, ni están todos los que son. El decreto de compensación para los ex integrantes de Luz y Fuerza del Centro (LyFC) tiene nombre, apellido y requisitos muy puntuales, desmintiendo la idea generalizada de que se abrieron las arcas para beneficiar a multitudes al azar.
La narrativa de un supuesto esquema diseñado para alimentar bases electorales se topa con pared al revisar exhaustivamente los filtros impuestos por el gobierno federal. La medida va dirigida, con precisión de cirujano, a un grupo censado y sumamente específico de casi 9,000 personas en la región centro del país.
¿Quiénes son los elegidos para este proceso legal? No se trata de personal de reciente ingreso, contratistas temporales o allegados políticos. El beneficio se enfocó estrictamente en aquellos hombres y mujeres cuyo camino a la jubilación fue cortado de tajo por la extinción de la paraestatal en octubre de 2009.
Para acceder a esta compensación vitalicia, el marco normativo estableció un piso mínimo innegociable: los beneficiarios debían comprobar documentalmente haber acumulado, al menos, 19 años, 6 meses y un día de servicio ininterrumpido en la compañía eléctrica.
Esta barrera de tiempo no es una cifra sacada de la manga. Representa el umbral legal exacto en el que la base trabajadora ya había devengado la mayor parte de sus derechos pensionarios antes de que la administración de aquel entonces les bajara la cortina, dejándolos en el limbo del desempleo.
Especialistas en derecho laboral apuntan que ignorar esta antigüedad equivale a desconocer las garantías humanas más elementales en el trabajo. La compensación, bajo esta óptica técnica, busca reparar el daño patrimonial sufrido por familias que dedicaron décadas al servicio público.
El trámite para comprobar esta trayectoria no ha sido un paseo por el parque dominical. Los aspirantes debieron someterse a revisiones estrictas de sus expedientes, cotejando semanas cotizadas y recibos de nómina históricos resguardados por años para acreditar fehacientemente su permanencia.
De esta forma institucional, las autoridades le cerraron la puerta en las narices a oportunistas que buscaran sacar raja del conflicto gremial. Cada transferencia autorizada está respaldada por años de meter las manos a los transformadores y subir a los postes de nuestra metrópoli.
A final de cuentas, el padrón y las reglas de operación son de dominio público. Las cifras oficiales demuestran que no hubo un reparto indiscriminado, sino la aplicación de una fórmula matemática y temporal para quienes mantuvieron iluminada la capital durante su juventud.
