Por Juan Pablo Ojeda
La justicia en México atraviesa un proceso de depuración profunda con la resolución de la «Operación Enjambre» en el Estado de México. La sentencia dictada contra 20 exfuncionarios públicos, que acumulan más de mil 146 años de cárcel, es un recordatorio de cómo la captura del Estado por parte de intereses criminales puede desmoronar la convivencia social y la seguridad pública.
Este operativo, coordinado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, representa un intento por reintegrar la legalidad en territorios que habían sido entregados a la voluntad de grupos delictivos. La tipología delictiva —secuestro, desaparición forzada, extorsión— indica una forma de gobierno paralela, donde los funcionarios públicos utilizaban los recursos estatales para fines de beneficio criminal.
Es imperativo analizar este caso desde la óptica de la seguridad pública municipal. La policía local, históricamente descuidada y vulnerable, ha sido cooptada para ejercer una violencia que desborda cualquier límite de la función policial. La sentencia contra mandos de Nicolás Romero y Acambay es el síntoma de una patología institucional que requiere no solo castigos penales, sino una reforma estructural de las corporaciones policiales.
La participación de figuras como la exalcaldesa de Amanalco demuestra que el fenómeno de la «narcopolítica» no se limita a los mandos medios o policías de calle; alcanza los niveles de decisión política, convirtiendo los ayuntamientos en nodos logísticos para el crimen organizado. Este nivel de infiltración destruye los cimientos de la democracia local.
La Operación Enjambre ha logrado, mediante un ejercicio de investigación criminal sofisticado, identificar la cadena de mando delictiva. A diferencia de otros intentos de purga institucional, este proceso se ha traducido en sentencias concretas y ejemplares, lo que eleva el costo para aquellos que busquen establecer relaciones ilícitas con grupos delincuenciales.
Sin embargo, el reto trasciende el ámbito judicial. El Estado de México se enfrenta al desafío de reconstruir sus servicios de seguridad bajo estándares de ética pública y control civil. Las sentencias de hoy son necesarias para la justicia retributiva, pero la prevención de futuros casos similares depende de una supervisión constante sobre la selección y actuación de los servidores públicos.
La historia de la Operación Enjambre es la crónica de un Estado que ha decidido confrontar su propia crisis de infiltración criminal. La determinación de la Fiscalía estatal es un hito, pero debe ser el inicio de una transformación más amplia si se quiere garantizar que las instituciones de seguridad vuelvan a servir a la ciudadanía y no a la criminalidad.
